En la tormenta

SOS para las OSC

El 13 de octubre pasado, un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil firmó un desplegado dirigido a los legisladores en el que advierten del “riesgo inminente de limitar los donativos de las personas físicas a instituciones sin fines de lucro que realizan funciones de asistencia, promoción y desarrollo social; así como de otras disposiciones contenidas en la propuesta de reforma hacendaria” que limitarían los ingresos de las asociaciones donatarias autorizadas y que “sería devastador para estas organizaciones y, en consecuencia, para los millones de mexicanos que cada año reciben algún servicio o apoyo de la sociedad civil organizada”. Piden en concreto, “votar por la modificación del artículo 146 […] y con ello, excluir a los donativos de personas físicas del límite de deducibilidad propuesto”.

Se refieren a uno de tantos asuntos controvertidos en la propuesta del Ejecutivo en la llamada Reforma Hacendaria, que plantea establecer límites a la deducibilidad de las empresas, que en estas circunstancias dejarían de aportar donativos a las organizaciones de la sociedad civil no lucrativas. De entre todas las objeciones a la propuesta de Peña Nieto, esta me parece de particular importancia porque en México tenemos un déficit notable de organizaciones no lucrativas si nos comparamos con otras economías del mundo –ya no digamos europeas o norteamericanas – sino latinoamericanas. Según un estudio muy difundido de un proyecto sobre el sector de organizaciones no lucrativas de la Universidad Johns Hopkins, en países como Holanda, Bélgica, Irlanda o Estados Unidos, más del 10% de la población económicamente activa trabaja en organizaciones no lucrativas de la sociedad civil. En otro rango, países como Alemania, Argentina España, tienen entre el 5 y 6% de su población trabajando en este sector. Mucho más abajo, países como Uganda, Tanzania, Perú, Filipinas, tienen entre un 2.5 y 1.5% de su población ocupada en organizaciones no lucrativas. México está en el último lugar de un listado de 30 naciones, con únicamente el 0.4% de personas en el sector. Si vemos más a detalle, en nuestro país, el 77% de las personas que trabajan en estas organizaciones reciben un salario y 33% lo hacen como voluntarios.

¿De dónde sale el dinero para las organizaciones sin fines de lucro? De tres fuentes: sus propias cuotas, donativos de particulares y del gobierno. Los países que tienen un sector altruista más grande, reciben mucho más subsidios del gobierno, como Bélgica u Holanda (77% de sus ingresos) En algunos de estos, tienen mecanismos mediante los cuales, un porcentaje de los impuestos va directamente a financiar actividades de la iglesia a la que uno pertenece. En otros, hay mecanismos mediante los cuales se gravan las herencias y se dan estímulos para que el dinero de estas ayude a crear fundaciones. En el caso de México, según el estudio, el 85% de los ingresos de las OSC viene del cobro de cuotas (colegiaturas, por ejemplo). El 9% son subsidios gubernamentales y sólo el 6% viene de donativos. En aparente contradicción con esto, el investigador Michel Layton obtuvo a través de encuestas que más del 97% de los mexicanos dicen haber dado algún donativo en el año. Claro que ahí se incluyen las limosnas en la calle y en el templo, que acaparan alrededor del 60% de los donativos. La mayoría son pequeñas dádivas, los grandes donantes son muy pocos.

Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales en un país, porque aportan una visión desde el lugar de los problemas que generalmente no tienen los gobiernos; socializan demandas de atención; ayudan a evaluar las acciones de gobierno; colaboran en la resolución de problemas urgentes que el gobierno no puede o no quiere atender; se constituyen en una fuente de ingresos para muchas personas y son espacios de realización y crecimiento personal. ¿Por qué en México no existen tantas como debieran? Se pueden aventurar muchas explicaciones, que merecerían más espacio que el que tengo ahora: nuestra historia política, aspectos culturales, factores económicos. Pero un asunto central es que las políticas públicas en México en relación a las organizaciones de la sociedad civil, han variado poco con la transición democrática y están más orientadas a controlar a las organizaciones que a fomentarlas. Un ejemplo claro de ello ha sido la política fiscal respecto a la deducibilidad, que puede empeorar, pero que ha sido siempre insuficiente. En México, lo que llaman deducibilidad es un poco ficticio, porque salvo algunas excepciones, el donante en realidad no deduce su donativo directamente sobre el monto que iba a pagar de impuestos, sino sólo disminuye su base gravable. Y si una organización quiere ser donataria, la Secretaria de Hacienda establece requisitos especiales que hace que una buena parte de los donativos que reciba se vayan a los honorarios de auditores y contadores. Todo está pensado no para fomentar el apoyo a las OSC, sino para evitar que se aproveche esto para evadir impuestos. Una organización pequeña, que empieza, difícilmente puede afrontar esa carga. La lucha por los recursos públicos, que no te exigen ser donataria autorizada aunque sí estar registrada en un padrón nacional, es encarnizada. Generalmente, quienes más fácilmente pueden acceder a esos recursos son las instituciones más consolidadas, o en algunos casos, las más “apalancadas” como el Teletón, o Vamos México.

Paradójicamente, el Estado Mexicano ha ido abandonando tareas de asistencia y desarrollo que le correspondería, dejándolas a las organizaciones de la sociedad civil; pero no hay una política que ayude eficazmente al surgimiento y permanencia de las mismas. Si a esto le seguimos sumando una política hacendaria en contra, se nos vienen tiempos más difíciles. No sólo a las organizaciones sin fines de lucro, sino a la población marginada que estas atienden.