En la tormenta

Los Partidos... ¿son muchos o pocos?

Es mucho el hartazgo, eso que ni qué. Por eso cada vez que en una mesa de café surge el tema de los nuevos partidos políticos la mayor parte de los tertulianos suelta frases terminantes: ¡¿Para qué?... si con los que tenemos ya nos va así de mal! ¡más partidos, más dinero a costa nuestra!

La reacción parece normal pero en realidad parte de una premisa falsa y encierra una contradicción. La premisa falsa es que más partidos nos costarán más dinero. Es falso porque como está establecido en la Constitución, el botín de los partidos (el legislativo dice “el financiamiento público a los Partidos para sus actividades ordinarias”, perdón) se calculará, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral – o sea cualquiera que haya sacado su credencial de elector, aunque sea para poder entrar a la discoteca – por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Esa bolsa no varía si son tres partidos o si son 10. Siempre es mucha – 3 mil 900 millones con el padrón y el salario actual – pero siempre es la misma. En año electoral se le suma un 30%, no les vaya a faltar. A quien menos le conviene que haya más partidos, es a los partidos que ya existen: entre menos burros, más olotes. Hay que aclarar que en la primera elección, sí cuestan: un 2% más de la bolsa destinada a todos los partidos. Pero si obtienen el registro, no costarán más de lo que cuestan ya los demás.

La contradicción que existe entre los que, decepcionados de los partidos actuales, se oponen a la existencia de nuevos partidos, me parece obvia: si no nos gustan los partidos existentes ¿cómo los vamos a substituir? Si no creemos más en los partidos tradicionales ¿la estrategia es que esos partidos se renueven solitos? O que desaparezcan y que en su lugar nazca... ¿qué cosa?

En el proceso democrático deben estar tutelados dos derechos: el fundamental es el derecho colectivo a decidir el tipo de gobierno que queremos – porque la verdadera democracia es que el pueblo gobierne – y las personas en las que queremos delegar nuestra soberanía para que conduzcan el proyecto de gobierno que elegimos. Y el segundo derecho es el de las personas, los individuos que quieren vivir desempeñando esos puestos en obediencia al mandato popular.

El segundo debe estar subordinado al primero, pues es verdad que todos los ciudadanos tienen el derecho a ser electos, pero la concreción de ese deseo depende de la voluntad soberana del pueblo que tiene el derecho a elegir su forma de gobierno. Aunque pronto se puede ver que ambos están íntimamente ligados: bloquear el acceso de ciudadanos y propuestas a la prueba de las urnas, significa también reducir las opciones que tiene el pueblo para elegir lo que le conviene. Como parte de los electores, siempre sostendré que tener más opciones aumenta las posibilidades que tenemos de hacer cambios y de mejorar las cosas. Paradójicamente, más – y mejores – partidos es la solución a la partidocracia que padecemos.

¿Que muchos partidos han sido negocio solo de unos vivales? Eso es verdad y lo podemos decir también de los grandes partidos: ¿cuántos han lucrado durante años de ellos? Ese no es un mal asociado a los nuevos o pequeños, sino a nuestro sistema judicial que no condena más que a los pobres, aunado al financiamiento exagerado que se da a todos los partidos y que les alcanza para comprar, ahorrar y hasta para pagar multas millonarias.

La idea de dar grandes cantidades de recursos a los partidos surge en una etapa de nuestra democracia en la que se tenía que nivelar la cancha para poder competir con un Partido de Estado. Pero una vez resuelto eso, el financiamiento tan grande fomenta la corrupción y no ayuda a hacer más pareja la competencia, al contrario: viola la Constitución porque ésta establece que “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades”.  La bolsa de la que hablábamos arriba, de más de 5 mil millones en época electoral, se distribuye así: 30% en partes iguales (a los 10 partidos existentes) y 70% de acuerdo al porcentaje obtenido en la votación anterior. Los partidos nuevos, solo recibirán el 2% de la bolsa. Para acabarla de amolar, los tiempos de radio y televisión que reciben aparte de este financiamiento, se distribuyen con la misma regla. Y peor aún: la ley dice que el financiamiento privado que reciban los partidos nunca deberá ser mayor que su financiamiento público. No solo no reciben dinero del erario, sino que no pueden recibir de sus militantes o de otras fuentes.

Como se observa, las reglas favorecen que los partidos que inauguraron esta nueva era “democrática” sigan siendo preponderantes. Para darnos una idea: el PRI cuenta con un financiamiento en este año electoral de más de mil 300 millones de pesos (casi una cuarta parte de la bolsa total), mientras que los partidos nuevos contarán con cerca de 100 millones. Diez a uno. Los tiempos en radio y televisión, así como otros financiamientos para educación etc., se darán en esa proporción. Además, están amenazados: si en esta lucha desigual no obtienen el 3%, desaparecen. Son reglas pensadas para mantener la hegemonía de unos pocos.. y sus aliados.

Para evitar esta disparidad no es necesario aumentar los recursos a los partidos, sino al contrario: reducir el financiamiento y distribuirlo más equitativamente;  distribuir también más equitativamente los tiempos de radio y televisión y fortalecer los mecanismos de sanción a los que funden o mantengan partidos como negocios familiares.

Los primeros interesados en tener más opciones electorales, y que podamos conocerlas de manera equitativa para que podamos decidir si nos interesan o no, debemos ser los ciudadanos.

david.herrerias@propuestacivica.org.mx