En la tormenta

¡Claro que los sueldos sí nos importan!

Uno de los temas que surgieron a propósito de la reforma electoral fue el del “haber” de los magistrados del Tribunal Electoral del Tribunal Superior de la Federación. Casi pasa por ambas cámaras la feliz idea (feliz nada más para los magistrados) de ofrecerles una pensión vitalicia. Después se bajó el regalo nada más al famoso “haber”, que consiste en prolongar su salario dos años más, porque la ley pide que no trabajen en asuntos vinculados al tema de su puesto (es decir, que no litiguen en temas electorales) durante dos años. Entonces, para que no suceda que un día, caminando por las calles de la Ciudad de México nos encontremos a un ex-magistrado pidiendo limosna, hay que ofrecerles su digna pensión de 350 mil pesos mensuales, pesos más pesos menos.

Sorprende por un lado, que los diputados se hayan sorprendido a su vez, de repente, de encontrar el dislate en la Ley cuando esta ya estaba cocinada (¿dónde estaban?). Pero bueno, al menos el ruido exterior terminó por hacerlos recapacitar. Pero más me han sorprendido algunas reacciones, pocas, pero alguna al menos en este mismo diario, que dicen que esta preocupación por los altos salarios está más fundada en la envidia y en nuestra conocida costumbre de bajar a patadas a cualquier rana que trate de salir de la cubeta. Por eso me subo un ratito al cuadrilátero para argumentar sobre la necesidad de preocuparnos por los onerosos sueldos y prerrogativas de nuestros políticos.

Lo primero que hay que tener claro es que el salario de nuestros gobernantes no es fruto de sus negocios personales – aunque algunos combinan bien sus negocios personales con sus funciones públicas –. No son pequeños empresarios que se asignan el salario con el fruto de sus utilidades. Son funcionarios públicos que se asignan sus jugosos beneficios a costa de nuestros impuestos, que, por cierto, han ido subiendo sin efectos concretos en el bienestar de la nación. Estoy legítimamente preocupado por la forma en que se gastan mi dinero.

Si lo vemos en términos meramente económicos, cualquiera que haya tenido que ver por la sobrevivencia de una organización, lucrativa o no lucrativa, sabe que los sueldos y salarios son el principal costo de la misma. Cualquier ajuste que se hace en este rubro tiene siempre grandes repercusiones. Pero también es importante mantener la mayor equidad interna posible. En el Tribunal Electoral, por ejemplo, el que más gana recibe 35 veces lo que recibe el que menos gana. No es un modelo de justicia interna. Pero volviendo a los pesos y centavos, no es nada despreciable pagar casi 60 millones de pesos a siete ministros por su haber en dos años, o 600 millones si los angelitos viven 20 años y les damos su pensión vitalicia. Tampoco son moneditas lo que ahorramos si reducimos la Cámara de Diputados de 400, a 500: nos ahorraría 150 millones de pesos al año, sin contar secretarias, oficinas, asesores, viajes, etc. Así nos podemos seguir en todas las áreas de gobierno.

Hay quien argumenta, que los sueldos están vinculados a la posibilidad de hacer atractivos los puestos “para captar a los mejores profesionistas” dispuestos a asumir estos cargos de tanta responsabilidad. Ese argumento nos manda a reír primero y luego terminamos llorando. En primer lugar porque, hasta donde yo recuerde, a los diputados, senadores, presidentes etc., no los tuvimos que ir a buscar y rogarles que aceptaran el puesto a través de un caza talentos. Son ellos los que se pelean por estar y nos ruegan y argumentan, con recursos publicitarios inmensos (también con cargo a nuestros bolsillos) que les demos oportunidad de sentarse en la Silla. Luego cuando vemos al personal electo, sus perfiles y su trabajo, con muchos de ellos nos da por llorar. Además, para justificar que son necesarios los altos salarios para competir por los mejores, tendríamos que acudir a los precios del mercado. ¿Están en precio?

Algunos datos: Un ministro de la Suprema Corte en México, gana más que el Presidente Obama (528 vs 433 mil pesos mexicanos al mes). Un Consejero del IFE gana casi el doble que un eurodiputado. Los pobres representantes europeos ganan menos también que nuestros senadores. Un diputado mexicano gana más que Mariano Rajoy, presidente de España. Un ministro del Tribunal Electoral mexicano, gana más que los titulares del ejecutivo de Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Holanda, Bélgica... Peña Nieto está parejo con Merkel, de Alemania, pero por encima de los demás. Las comparaciones son odiosas, decía mi abuela.

Comparémoslos mejor con los mexicanos de a pie. Si dividimos a los hogares mexicanos en centiles, es decir, en 100 escalones de acuerdo a sus ingresos, tenemos que en el último centil, es decir, el uno por ciento de los mexicanos que más ganan, reciben un promedio de 350 mil pesos mensuales. Nuestros magistrados, están en ese último escalón. Nuestros diputados en el escalón 97, nuestros senadores en el 98.

Más allá de lo que podemos pensar que haríamos con los recursos que obtendríamos al reducir el sueldo a estos y muchos otros funcionarios gubernamentales ¿no es absurdo que un país en el que el 60% de los hogares vive con menos de 9 mil pesos mensuales se dé el lujo de contratar a personajes tan onerosos? ¿Es legítimo cobrar esas cantidades, que se nutren en buena medida de los impuestos que pagan millones de mexicanos que no tienen asegurada su subsistencia? El asunto de fondo no tiene que ver sólo con los recursos, sino con la ética, con una concepción de la política que entiende la función pública como un lugar de privilegio en el que se puede gozar de sueldos y prestaciones de excepción (“a mí no me den, nada más pónganme donde hay”) Es un asunto, otra vez como dirían las abuelas, de decencia.

Aunque los mexicanos seamos bien dejados, esto no pasa desapercibido. Está en la base, junto con otras muchas cosas del desprestigio de la política y de los políticos y algún día se les pasará la factura.

david.herrerias@propuestacivica.org.mx