Migrantes deportados de EU, sin protección en frontera mexicana

Los bajopuentes del canal del río Tijuana, en la esquina más al norte de México, están convertidos en enormes retretes. Bultos de personas duermen en habitáculos de cartón y telas, hoyos hechos en la tierra, alcantarillas, puentes y laderas del canal, a lo largo de los 2 kilómetros entre el este de la ciudad y la valla fronteriza con Estados Unidos.

El olor marea. A las 7:00 de la mañana, los consumidores de heroína, que aquí se consigue por 2 dólares la dosis, agradecen el azúcar de unos chocolates.

Es la ciudad de los sin nadie. El hogar bajo el puente fronterizo de decenas de indigentes y migrantes deportados que han decidido esperar mejores tiempos para cruzar esta frontera sellada, y que sobreviven de limpiar automóviles, cargar bultos en el mercado, hacer trabajos de albañilería, reciclar basura o pedir dinero en las calles de la ciudad fronteriza de Tijuana.

“La población que habita en El Bordo es una muestra de las condiciones extremas que pueden enfrentar los deportados más vulnerables en México”, dice el estudio “Estimación y caracterización de la población residente en El Bordo del canal del río Tijuana”. Elaborado
por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el reporte contabilizó entre 700 y mil personas viviendo en este lugar durante agosto y septiembre de 2013.

Añade que los pobladores de El Bordo son mayoritariamente hombres, de unos 40 años, deportados en los últimos cuatro años, adictos y sin documento alguno de identidad.

Detalla que más de la mitad habla inglés, e incluso tienen niveles de escolaridad similares a los residentes de Tijuana, y solo 6 por ciento piensa regresar a su lugar de origen, pese a que la mayoría tiene hijos.

En 2012, Tijuana recibió 59 mil 845 de las 409 mil 849 personas deportadas por el gobierno de Barack Obama. Es decir, unos siete deportados por hora.

Desde que comenzó en 2009, el gobierno de Obama superó ya los 2 millones de deportaciones y se ha convertido en la administración que ha realizado más expulsiones de personas indocumentadas.

Con 1.7 millones de habitantes, Tijuana ocupa el primer lugar en porcentaje de narcodependientes de todo el país. Es asiento de cárteles del narcotráfico, ahora debilitados, y se considera una de las ciudades más violentas de México. Durante décadas fue la principal puerta de entrada de migrantes a EU.

Pero los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York dieron un vuelco a la política migratoria y la frontera mexicana fue sellada, forzando a los migrantes indocumentados a buscar rutas cada vez más peligrosas, mientras que la seguridad pasó de contar con 3 mil 500 agentes de la estadunidense Patrulla Fronteriza en 2005, a 21 mil en 2013.

También Mexicali tiene su “minibordo”: los edificios Montealbán, destruidos por un sismo en 2010, en el margen oriental del ahora inexistente río Nuevo, a unos metros del centro histórico.

Aquí viven unas 80 personas, entre indigentes locales y migrantes deportados que tienen alguna adicción.

Entre las ruinas de los edificios se han encontrado cadáveres, el último el 15 de abril, y continuamente hay incendios y operativos policiales.

Otro estudio del Colef sobre la caracterización de las personas deportadas, que solo hace referencia a las mexicanas, alerta sobre su estado de salud.

“Existe una alarmante diferencia de síntomas emocionales entre los deportados, casi 20 veces más que los que presentan los de retorno voluntario”, dice el estudio.

Con datos de la Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte, la investigación detectó que 40 por ciento de la población migrante que sobrevive en la calle reporta tener problemas emocionales y 12 por ciento contesta afirmativamente ante la pregunta de si pensó quitarse la vida alguna vez.

Además, en los últimos cinco años se incrementó la separación familiar como consecuencia de las deportaciones. Un dato dimensiona el fenómeno: mientras en 2007 solo 20 por ciento de los repatriados fueron deportados sin sus familiares, en 2012 este porcentaje se elevó a 77 por ciento.

El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos para presionar a las autoridades ha dado algunos frutos.

El 7 de agosto, el Congreso de Baja California aprobó la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado, que establece la obligación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de proporcionar asistencia social a menores y adolescentes migrantes no acompañados, así como la creación del Registro Estatal de Migrantes.

Es el primer estado que lo hace, luego de que en 2011 el Congreso federal aprobó la creación de una nueva Ley de Migración, que reemplazó a la de 1947 y que ampara jurídicamente a las personas en tránsito por México.