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Justicia

Cuatro policías desaparecieron a José Hébert Eloir; lo persiguieron hasta su casa y lo sacaron, su cuerpo fue hallado diez días después en un lote baldío. Los elementos de Fuerza Civil lo dejaron ahí, a la intemperie.

Hubo una detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y desaparición forzada. También hubo una investigación expedita, un debido proceso y un internamiento inmediato en el penal de Cadereyta. No se puede negar la acción de la Secretaría de Seguridad en este caso, lo que genera la expectativa de una impartición de justicia con las mismas características.

Sin embargo, es poco probable que esto le dé algún consuelo a su familia, que presenció el momento en que los uniformados se lo llevaron, que lo buscaron durante varios días en las distintas corporaciones antes de poner una denuncia, y que en unos días tendrán que ir por su cuerpo, para enterrarlo y velarlo.

También es cierto que es un caso atípico, y no porque las desapariciones forzadas hayan parado o disminuido. Es atípico porque se va a manejar como un caso de desaparición forzada, lo que no se ha querido hacer desde 2012 que se tipificó el delito. Los ministerios públicos y después los jueces han querido configurar distintos tipos como secuestro y abuso de autoridad y no le han entrado al toro por los cuernos.

¿Por qué es importante encuadrar el delito adecuado? Porque se trata de una serie de violaciones de derechos, porque estas acciones cometidas por los agentes del orden pretenden favorecer deliberadamente la impunidad, porque sus efectos perduran hasta que no se resuelve la suerte, o el paradero de los personas y esto prolonga y amplifica el dolor de sus familias, que también son víctimas de este crimen.

Por eso es que aunque el encargado de la Seguridad del Gobierno del estado no pueda "estar en la cabeza de cada policía", o se reconozca, como dice el gobernador que "se cometen errores", actúen en contra de la impunidad, pero si en el camino se les pega algo de tacto, no estaría nada mal.

@dameluna