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Derechos secuestrados

El nombramiento del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está prácticamente secuestrado... y por razones políticas.

Por un lado, la imposición del Gobierno que busca dictar línea a los legisladores, y por el otro, los representantes del pueblo que se niegan a iniciar un proceso de selección.

En medio se queda un catedrático y especialista en la materia, Eduardo Román González, quien dicho sea de paso tampoco ha cumplido al pie de la letra con los requisitos exigidos por la ley para integrar su expediente, y que se celebre la comparecencia en la que se decidirá si es apto para ser el ombudsman de la entidad.

Por segunda vez, los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública de la LXIV Legislatura bajaron de última hora de su agenda la comparecencia, la primera vez ocurrió hace ocho días.

Ante ello, el secretario General de Gobierno, Manuel González, acudió al Palacio Legislativo prácticamente a exigir que esto se llevara a cabo, provocando, como era de esperarse, el enojo de los diputados ante tal intromisión.

También es la segunda ocasión que el funcionario cruza la Explanada de los Héroes para tratar de arreglar un asunto que termina siempre complicando más. La primera vez fue en la negociación del presupuesto, mismo que se entrampó durante varias semanas.

Estos hechos son una muestra de la importancia que tienen los derechos humanos para los representantes tanto del Ejecutivo como el Legislativo, y develan hasta qué punto pueden politizar hasta lo más básico, como el respeto a la integridad de los seres humanos.

Todo ello en el contexto de una masacre dentro del penal del Topo Chico, que dejó 49 muertes y reveló situaciones de malos manejos en el centro penitenciario, entre ellas violaciones a los derechos humanos. Que trajo de nuevo a la superficie quejas sobre cobro de piso, extorsión y privilegios; mala alimentación, pésimas condiciones de vivienda, falta de servicios de salud.

En una contingencia en la que además se privó a las familias de los internos, durante más de 9 horas, del derecho a la información.

Tras la tragedia, todos querían dar su opinión sobre el tema, todos se convirtieron en expertos en seguridad y derechos humanos, ahora que hay oportunidad de hacer algo más que hablar, se enfrascan de nuevo en una lucha de poder.

@dameluna