Sobre la mesa

¿El derecho a qué?

Resulta, no sin sorpresa, que el derecho a la ciudad, ha repentinamente caído entre las prácticas operativas de la retorica oficialista para convertir el intransigente paradigma, en aparato-instrumento, en pasarela, atuendo de moda para entrarle al desfile. Se toma, sin más, como instrumento de cálculo y presupuesto para hacer proselitismo. Se le envuelve entre velos que justifican aquello que no nos permite ver hacia atrás, por decir lo menos sin responder por el pasado reciente. Quizás quien o quienes han sacado de la chistera política unas palabras que unidas forman un contenido que suponen sirve para idear un esqueleto jurídico, rehuir su origen y reconstruir otro para fines que son más claros de lo que suponen sus impulsores. Darle vuelta al tema de beneficios y beneficiarios, instalados para especular con el territorio y con la construcción de la ciudad y su región desde hace décadas.

Existen dos maneras de ver la “ciudad” como sustantivo o adjetivo (Barros, 2015), una de estas es la de los profesionales y administradores, pasados por ideólogos, para quienes la ciudad es un simple contenedor cargado de su principal materia. Que el espacio urbano es mercancía y mercado de territorios más o menos compartidos. Cuando Levfebre -autor de la idea del derecho a la ciudad hace más de medio siglo-, escribe que la ciudad cambia la vida y la vida debe cambiar a la ciudad, habla de ciertas condiciones impuestas por el poder, que a su vez determina la relación entre las personas, las comunidades y los intereses de los primeros. El tiempo ha dado la razón a quienes auguraron el deterioro de las cualidades urbanas para las mayorías, no solo respecto al espacio que ocupan en la urbe, a sus funciones y necesidades de calidad de vida, algo que involucra muchas cosas más que una planeación, casi zoológica, con la fórmula de la zonificación como método para construir la ciudad. Método aplicado hasta hoy y del que se pueden ya deducir, discutir, analizar, resultados; algo útil que sirvió para encauzar el crecimiento de las ciudades bajo el paradigma fordista, mismo que ya es entelequia del pasado frente a las transformaciones del ahora ya casi futuro. El de las nuevas y dinámicas aglomeraciones que estremecen la mirada hacia el porvenir, dados los síntomas nada alentadores que acontecen sobre la ocupación del mundo globalizado.

El derecho a la ciudad significa mucho más, sobretodo hoy en el siglo XXI frente al futuro de la humanidad y de las ciudades. Posiblemente, no alcanzó la mirada –o la lectura sobretodo– para comprender la necesidad del intenso análisis y debate que se necesita y se viene gestando, en proceso mundial, sobre la realidad social y de duda democrática que vivimos. La realidad de comunidades sacudidas por la creciente desigualdad que se hace cada día más notable, que si bien se manifiesta en la espacialidad urbana es mucho más que eso y no solo reciclar modelos planificadores obsoletos o llevar la legislación a veredas particulares para irrigar lo mismo. La extendida red de consumidores y aplicadores pertinaces del modelo, han rehuido el debate sobre la cuestión urbana –diria Castells-. Sobresalta hablar del nuevo proletario (trabajadores de outsourcing, maquiladoras, trasnacionales, indígenas urbanos, franeleros, ambulantes, burocracias sin pensión, etc.). La lucha de clases no ha desaparecido, lo dice Harvey, de cuya postura se intenta hacer uso. Faltaría aclarar, aquí, si se trata  de retomar el camino trazado por Marx, Jacobs, Levfebre, Harvey; la Carta realizada en el Foro Social en Brasil; especies intelectuales que buscan modificar rumbo con ingredientes conceptuales de revindicaciones con categoría de estructura socialista (¿sus gestores quieren ahora manifestarse con estas bases ideológicas?). Habría que aclarar el panorama, sobre todo si se quieren abordar las reivindicaciones planteadas por quienes se han atrevido a pensar sobre la crisis de la realidad y el contenido oculto de cómo se construye la ciudad.