DE BUENA FUENTE

Entre subejercicios y opacidad

De acuerdo con un estudio del IMCO, la centralización del sistema fiscal mexicano genera que las entidades federativas recauden poco y gasten mucho.Se calcula que, mientras el gobierno federal recauda 96.4 por ciento de los ingresos, los estados ejercen aproximadamente 47.6 por ciento del gasto total nacional.       

El Instituto Mexicano para la Competitividad, apunta que un problema común bajo este diseño es que los gobiernos estatales no usan los recursos de manera eficiente y la federación no puede monitorear el destino de cada peso asignado.       

Es el caso de los recursos del Ramo 33, que son transferidos de la federación a las entidades para cubrir servicios básicos como educación, salud, seguridad pública, infraestructura social, entre otros.         

A pesar de que las autoridades federales han diseñado mecanismos para monitorear su ejercicio, éstos no han sido del todo exitosos: aún existen espacios de discrecionalidad y mecanismos de rendición de cuentas que pueden mejorar para incidir en la efectividad de las políticas públicas del país.El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Púbica (FASP), que forma parte del Ramo 33, ejemplifica esta situación.

Los más de 7 mil millones de pesos que este Fondo reparte entre las 32 entidades federativas representan una de las principales herramientas para la ejecución de estrategias de seguridad ciudadana, prevención delictiva y procuración de justicia en los estados.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que existen espacios para malas prácticas en su ejercicio, como la imposibilidad de comprobar el destino de los recursos, opacidad en la distribución del Fondo de entidades a municipios y mala calidad de los sistemas contables que dificultan rastrear adecuadamente el destino del gasto.  

Concluye el IMCO que estas fallas no sólo afectan el desarrollo de las políticas públicas, sino también la imagen y la confianza ciudadana en las instituciones  de prevención de delitos y procuración de justicia.             

Este año, la bolsa a repartir en los estados es de 7 mil 921 millones 641 pesos, de los que Tamaulipas recibirá 285.8 millones, esperándose que no continúen los subejercicios tan recurrentes en este rubro.

Y es que recientemente Milenio dio a conocer que del fondo federal destinado a la seguridad pública de los estados, Tamaulipas tuvo en seis años subejercicios por alrededor de 460 millones de pesos, lo que impactó líneas de acción estratégicas para proteger a la población de la delincuencia.

Los presupuestos no aplicados en su totalidad correspondieron a 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, cinco años de la administración de Eugenio Hernández Flores y uno de Egidio Torre. 

De la mano con los subejercicios, los gobiernos estatales en general tienden a ser opacos y renuentes a entregar información relacionada con este fondo.

En su análisis de recursos del FASP, el IMCO puntualizó que es verdaderamente preocupante que no se conozca con precisión a qué áreas y funciones específicas se destina el gasto en seguridad en los estados.