DE BUENA FUENTE

Sin garantía de transparencia

La aprobación de la Ley General de Transparencia nos hace recordar que Tamaulipas es uno de los estados más atrasados en materia de acceso a la información.

Aquí el problema empieza en el llamado órgano garante de la transparencia, pues ni garantiza nada, ni es transparente. De hecho, ni siquiera es autónomo e independiente. ¿Así cómo?

Entre los pendientes del Congreso estatal, se encuentra una iniciativa del diputado Arsenio Ortega, para modificar la integración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT).

Recordemos que el acceso a la información es un derecho constitucional.

El Estado debe garantizarlo con mecanismos de acceso y procedimientos de revisión expeditos, ante órganos especializados, imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

Sin embargo, la Ley de Transparencia del Estado no prevé una integración imparcial y autónoma del ITAIT, carencia que debemos subsanar.

El instituto se integra por tres comisionados nombrados por el gobernador y ratificados por el Congreso, por mayoría simple de los diputados.

Esto limita el desempeño del ITAIT.

Y es que si el mismo poder público, obligado a cumplir la ley, pone a cada uno de los comisionados que vigilen su cumplimiento, lógico que la labor de éstos pierde eficacia.

El diputado Arcenio Ortega advierte que tampoco se cumple el principio de imparcialidad, pues la ley no dispone que los funcionarios del ITAIT sean apartidistas. Eventualmente, podrían haber sido dirigentes de partido o candidatos.

Tampoco se prohíbe que hayan sido servidores públicos, contratistas o proveedores gubernamentales.

Se proponen cinco comisionados en lugar de tres y mediante una elección escalonada que combine experiencia con juventud y renovación periódica.

Que su nombramiento sea por el voto de al menos dos tercios de los diputados presentes en la sesión respectiva (o bien por sorteo entre los aspirantes más aptos).

Lo anterior, previa convocatoria pública que emita el  Congreso a fin de que los ciudadanos elegibles participen y accedan a esos cargos públicos en igualdad de oportunidades.

La idea es ciudadanizar la integración del instituto ya sin intervención del Ejecutivo y eliminar la posibilidad de reelección de los comisionados.

Con la aprobación de la nueva Ley de Transparencia en el país, Tamaulipas se verá obligado a hacer adecuaciones como unidades de enlace y comités de transparencia, pues crecerá la carga de trabajo al ser más los sujetos obligados a dar cuentas, entre éstos partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.