DE BUENA FUENTE

Leti y el PRI

El PRI sigue ocupándose de Leti Salazar en los tribunales.

Esta vez, probó que en Matamoros se violó la veda electoral con ocho espectaculares de promoción de promoción gubernamental.

La resolución se leyó, gustosamente, en la pasada sesión del Congreso del Estado.

Ahí, se dijo que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fincó culpas.

Esa propaganda había sido contratada a la empresa Outdoor Advertising de México en 2014, con vigencia al 31 de diciembre de ese año.

Pero las campañas arrancaron el 5 de abril y los espectaculares no se habían quitado.

Fue hasta el 7 del mismo mes, cuando el síndico del ayuntamiento, pidió por escrito a la empresa cumplir los contratos y cesar la difusión de propaganda.

El PRI se quejó de que el gobierno de Leticia Salazar no hizo nada para retirar los ocho espectaculares, al inicio de las campañas.

El TEPJF aceptó el incumplimiento de una obligación.

En el Congreso local, se enfatizó que el órgano judicial se declaró incompetente para sancionar a los servidores públicos y le dio vista para que procediera.

Así, el caso fue turnado a las comisiones de  Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Para conocer más del tema, busqué el cuerpo de la sentencia judicial emitida el 1º. de mayo.

Y en efecto, señala que no se cumplió la obligación de retirar la propaganda gubernamental en los plazos de la ley electoral.

De ello, el PRI acusaba directamente a la presidenta municipal.

En la cancha del trife había cuatro en el banquillo:

Leticia, el Ayuntamiento, el titular de la secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y la empresa.

Estos espectaculares daban a conocer logros y compromisos de ese gobierno municipal.

La donación de 50 mil mochilas y la promesa de donar 50 mil pares de zapatos.

La mala noticia para el PRI fue que el TEPJF consideró que contra Norma Leticia no existen elementos que la hagan responsable de la propaganda indicada, ya que no se observa ningún lema o logotipo que denote que estos hechos están relacionados con ella, por lo que no es posible atribuirle responsabilidad alguna.

Y porque en el contrato, no aparece mencionada.

Tampoco halló responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, pues la difusión es contratada por el ayuntamiento y no por las dependencias.

En cambio, se acredita la responsabilidad de la empresa por no proceder al retiro de los espectaculares, pese a vencer el contrato desde el 31 de diciembre, por lo que se impuso sanción consistente en una amonestación pública.

Al Ayuntamiento como tal, también se le acredita la infracción y es donde se dio vista al Congreso de Tamaulipas para sancionar a los servidores públicos que resulten responsables.

¡Qué tal!, ¿usted, qué opina de la sentencia?