DE BUENA FUENTE

Fondos federales, el coco

Parece ser que siguen sin entenderle a la fiscalización de fondos federales.

En Altamira, por ejemplo, se asegura que ya no le deben nada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto a las observaciones a la cuenta pública 2012 de la administración anterior.

Se dice que todo se aclaró, pero desde luego que no es un caso cerrado.

Si bien es cierto se reintegraron a una cuenta bancaria 2.4 millones por usar incorrectamente el Fondo de Infraestructura Social, todavía se está en proceso de verificar la correcta aplicación de este dinero etiquetado al combate a la pobreza extrema.

Quedan también, aún, recomendaciones que atender. Hay tres observaciones, que generaron dos promociones de responsabilidad administrativa y dos pliegos de observaciones.

Como se recordará, la cuenta 2012 de Altamira fue aprobada con salvedad, después de hallarse un subejercicio del 15% y detectarse una inversión en una obra que no beneficiaba a la población objetivo de este programa.

Además se realizaron pagos en exceso respecto al finiquito de la obra por 89 mil pesos.

Altamira contribuyó marginalmente al logro de objetivos, pues destinó solo el  11.8% de los recursos del FISM en infraestructura básica.Que no hayan requerido hasta el momento a los funcionarios actuales, eso ya es otro cantar.

Cuestión de echarse un clavado a la información que publica el organismo fiscalizador, para enterarse de cómo está el asunto.

Ahí dice que la Contraloría Municipal inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios que destinaron más de 2 millones de pesos en una obra que no procedía y que no atendieron los déficits de servicios públicos.

Los expedientes son: CM/00184/13 y CM/00185/13. ¿Qué resultados tuvo la Contraloría de esos procedimientos? ¿No le tocó a la actual administración?, bueno, entonces ¿qué seguimiento le están dando?Los pliegos de observaciones dicen:Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2.3 millones, más rendimientos, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del FISM.

Asimismo, por los pagos en exceso que con los intereses hicieron un total de 92 mil pesos, que también fueron reintegrados.

Hubo Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Contraloría estatal, por no haber requerido la Secretaría de Desarrollo Social al municipio los indicadores y resultados del fondo, así como por no acordar medidas de mejora.

El caso sale a colación nuevamente, por la entrevista que Milenio Tamaulipas le realizó al Auditor Superior del Estado Miguel Salman y al diputado local, Erasmo González, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE.

Y también porque recientemente la Cámara de Diputados reformó la Constitución para incluir de manera expresa como sujetos de responsabilidad a los  servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos federales.

Alcaldes, síndicos y regidores, bajo la lupa. A ver si así termina tanto desorden.