Corredor Fronterizo

Reforma energética: nuevas responsabilidades ambientales

La nueva ley de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANSIPA) ha causado expectación entre diferentes sectores relacionados con la protección ambiental en el país, no sólo por el hecho de que la propuesta de ley correspondiente fue presentada apenas en el mes de octubre de 2013, sino por que su contenido genera cuestionamientos, principalmente en relación a las atribuciones de la agencia; a su capacidad para enfrentar el desafío ambiental que implica incursionar en la explotación de nuevas fuentes de energía; a los recursos requeridos para su operación, y a la necesidad de transparentar e informar sobre sus operaciones, entre otros temas.  

Entre los comentarios vertidos por diferentes actores políticos y organizaciones promotoras de la protección ambiental sobresale la percepción de que la mencionada agencia duplicará funciones y competencias que actualmente tienen a su cargo no únicamente la Semarnat, sino otras dependencias con injerencia en la problemática ambiental, como son la Conagua, la Profepa y el INE. Por ejemplo, la agencia tendrá funciones de procuración de justicia ambiental, mismas que actualmente lleva a cabo la Profepa.

En particular, organizaciones como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han externado también su preocupación porque la operación de la ANSIPA no debilite el papel de las instituciones ambientales ya existentes. Asimismo que se debe tener en cuenta que la explotación de fuentes no convencionales como son la extracción del gas shale o el petróleo en aguas profundas implicarán riesgos y costos sociales de otra magnitud, por lo que se hace indispensable que se intensifiquen las medidas de cuidado y vigilancia, así como el cumplimiento de una estricta normatividad técnica, operativa y ambiental.

Las visiones anteriores sobre la efectividad de la agencia en las múltiples funciones que le asigna la ley, y la capacidad real de otras dependencias ante el enorme y complejo reto ambiental que plantea la Reforma Energética, no son gratuitas. Los recientes derrames ocurridos en Sonora, Durango y Nuevo León, y la respuesta poco clara de las autoridades competentes, conforman un escenario poco halagador que no abona a la confianza de la ciudadanía y las agrupaciones y actores preocupados por el futuro ambiental del país.

Los marcos legislativos e instancias de política pública ambiental con que cuenta México fueron creados bajo un compromiso fundamental con la protección al medio ambiente y nuestros recursos naturales. Dicho principio no puede ser negociado ante la coyuntura tan delicada que vive nuestra realidad ambiental y las nuevas responsabilidades en puerta.

JOSÉ LUIS CASTRO

Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte