Corredor Fronterizo

Programas sociales, elecciones y participación

Llegan las elecciones y con ellas los cuestionamientos sobre el uso que las instituciones públicas hacen de los programas sociales para ganar votos y favorecer a sus candidatos y candidatas. Como sonsonete se escuchan las voces de los representantes de partidos políticos y de diversos organismos cuestionando tal práctica, se arrancan las vestiduras indignados por tan inmoral acción.

Sin embargo, el uso de programas sociales para posicionar a un partido no es una práctica exclusiva de tiempos electorales. Sólo hay que darse una vuelta cuando se entregan los apoyos u observar los eventos oficiales para reconocer cómo los programas sociales se vuelven escenarios para que los gobiernos se muestren y los colores de su partido invadan el ambiente, visitar las comunidades donde las lideresas y los líderes partidistas harán su trabajo de gestores, ayudando a conformar la lista de beneficiarios.

Así veremos que el vínculo entre programas sociales y elecciones es mucho más fino y cotidiano, y que rebasa los tiempos electorales. Por eso la vigilancia de lo que pasa alrededor de éstos y su uso electorero debe ser un ejercicio cotidiano y una manera de ejercer nuestra ciudadanía en el día a día, y no sólo una práctica que desarrollamos de cara a las elecciones.

La participación de la ciudadanía en la construcción y vigilancia de las acciones gubernamentales, aunque no es algo nuevo, es una práctica que no ha terminado de arraigarse, pero es de suma necesidad. En el caso de las políticas de desarrollo social, la participación social es una herramienta que se ha venido impulsando desde los organismos internacionales; se trata de que las personas en situación de pobreza sean partícipes de su propio desarrollo, lo que implica que se involucren activamente en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, programas y acciones del desarrollo social; pero además se requiere que esta población esté informada (United Nations, 2004).

Y ¿qué implica que la ciudadanía en situación de pobreza esté informada? Se trata, sí, de que esté enterada de la existencia de programas sociales, de si califica o no como población objetivo, o de qué papelería necesita para ser beneficiaria; pero sobre todo implica que reconozca que las acciones gubernamentales en materia de desarrollo social no son prácticas filantrópicas, sino la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos sociales de la ciudadanía. La información debe permitir a la población beneficiaria saber que su registro en Prospera, su incorporación a Empleo Temporal o la pensión para Adultos Mayores no son actos de buena voluntad del personal de una institución pública, sino programas sociales que forman parte de una estrategia de desarrollo, de un conjunto de acciones encaminadas a impactar sobre un problema social.

La participación social debe impulsar que cada persona que recibe un beneficio de un programa social se reconozca como sujeto de derecho y que asuma como parte de su tarea vigilar las acciones públicas en materia de desarrollo social. Su rol de vigilante le permitirá fomentar y establecer relaciones horizontales con el personal operativo; esto es relaciones equitativas entre ciudadanía e instancias gubernamentales enmarcadas en la implementación de una política de desarrollo social de una administración, no de un partido, no de un candidato o candidata. De esta manera, la participación social como herramienta de vigilancia permanente se presenta como un recurso, entre otros, para blindar el voto.


Verónica Martínez

Investigadora invitada del Colegio de la Frontera Norte