Corredor Fronterizo

Crisis de Derechos Humanos

Es evidente que en México la violencia se ha convertido en una condición cotidiana para la población, y que el problema rebasa a las autoridades.

En este sentido es inaceptable que no existan acciones certeras que permitan recuperar y garantizar la seguridad de todos.

Y no me refiero solamente al caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero; o a las presuntas ejecuciones sumarias de jóvenes en el caso Tlatlaya, Estado de México; o a los feminicidios –con particular incidencia en el Estado de México, aunque no solamente en esa entidad– que continúan vulnerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; sino también a la muerte, desaparición y privación ilegal de la libertad de cientos de migrantes en tránsito -mexicanos y extranjeros- que recorren el país rumbo a Estados Unidos.

Estas situaciones tienen dos elementos en común: primero, en todos los casos ha habido omisión del Estado mexicano en relación a su investigación. Errores en su integración, dilación en los procesos, expedientes extraviados, registros equivocados, etcétera. Segundo, existen indicios de que muchas veces las propias autoridades encargadas de la seguridad y el orden son también los agresores.

Los reportes y declaraciones de los relatores especiales en México de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre libertad de expresión, hacen evidente el grave problema de violación de derechos humanos que reflejan el Estado mexicano y el gobierno actual.

El reporte publicado el año pasado por Human Rights Watch sobre los desaparecidos de México es alarmante no solamente por el número de personas que son buscadas por sus seres queridos, a pesar de los errores e inconsistencias de los registros actuales (25 mil 276 personas no localizadas, versión del Comisión de Seguridad Pública a noviembre de 2012), sino también porque deja claro el escaso interés  –de nuevo la omisión– de las autoridades por instrumentar algunas recomendaciones que pueden ser importantes para ayudar a las familias a encontrar a sus hijos e hijas estudiantes, mujeres o migrantes.

Una de las acciones más importantes es precisamente la integración de una base de datos nacional sobres desaparecidos, que además quedó aprobada a través de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (DOF: 17 de abril de 2012).

Sin embargo, el Gobierno Federal actual, y el anterior, no han hecho lo suficiente por integrar y concluir un instrumento confiable y de calidad que apoye tanto las investigaciones oficiales como la búsqueda de los familiares.

Dar certeza y seguridad no sólo es una necesidad imperiosa de la sociedad mexicana, sino que además es una obligación suscrita por el Estado mexicano a través de los instrumentos nacionales o internacionales de protección de derechos.

Por lo pronto, el próximo 25 de noviembre sumaremos a la lista dolorosa de violación de derechos humanos, los escasos avances en el tema de eliminación de la violencia contra las mujeres en México.

BLANCA VÁZQUEZ

Profesor-Investigador de el Colegio de la Frontera Norte