Columna invitada (Jalisco)

Por la libertad, por el derecho a manifestarse

El ciclo lo conocemos bien: el crimen, o la tragedia o el desastre natural, sucede, el gobierno interviene, es decir: incluye en sus discursos todos los adjetivos que encuentra (terrible, reprobable, inaudito, inaceptable, etc.); continúa con las herramientas para todo uso que la tradición le heredó: Todo el peso de la ley, no descansaremos, aplicaremos un fondo especial, he instruido al Secretario… etc.; la gente apechuga, con el crimen, la tragedia o lo que toque, y además con la ineficacia del gobierno; de a poco todo retoma su rutina de normalidad, nos acostumbramos a las nuevas condiciones, y se cierra el círculo cuando los gobernantes inician la operación: aquí no ha pasado nada, el futuro es otra cosa.

Si el suceso es de tal magnitud que no cesa de estimular las protestas, las quejas, las marchas y los desplegados, se activa otro ciclo, el llamado: la culpa es de los inconformes, no de los criminales, no de la injusticia o del gobierno porque nunca resuelve; el mensaje subyacente en la actitud de los poderosos es: estaríamos más felices si los y las inconformes no usaran sus derechos, su libertad. En este ciclo caben descalificaciones públicas, linchamientos en los medios de comunicación y amenazas anónimas.

Así es como las fosas clandestinas pasan al olvido oficial, también la muerte de migrantes, los despojos de tierra, la violencia sistemática contra los indígenas, los delitos electorales, Fobaproa, la riqueza de Raúl Salinas y un etcétera que se expande como el Big Bang. Sólo queda la necedad de algunas y de algunos resistentes a incorporarse al coro de la amnesia institucional la cual prescinde de culpables y de aplicar castigos. A cambio, el gobierno queda muy sensible, no tolera a los memoriosos quienes persiguen utopías como la justicia, la igualdad o la peor y más condenable: la utopía de valerse de los derechos y las libertades amparadas por la Constitución.

El ciclo Ayotzinapa, según lo entiende el gobierno federal, ya se cerró, cualquier intento por mantenerlo en la agenda de la sociedad amerita inaugurar el otro proceso: el de la violencia contra quienes se nieguen a meter la basura bajo el tapete. El 26 de febrero, en Guadalajara, una de las personas más comprometidas con las causas de los de abajo fue violentamente amenazada por intentar un acto de justicia dentro del marco que pone la ley: proponer que la impunidad no sea la cadena con la cual cierren la caja del crimen contra los estudiantes de la Normal Rural en Ayotzinapa.

Cualquier cosa que a ella le suceda será responsabilidad del gobierno, cuando menos por omisión. Quienes la apoyamos, y a la libertad y al derecho amparado por nuestras leyes, manifestamos nuestro rechazo a los intentos por regresar al país al autoritarismo.

Enrique Valencia, Francisco Morfín, Isabel Sepúlveda, Ivabelle Arroyo, Jaime Preciado Coronado, Joaquín Osorio, Jorge Alonso, Jorge Rocha, José Bautista, Miguel Bazdresch, Paola Lazo, Augusto Chacón