Números al aire

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El afán de salir en los medios y hacer que la gente lo voltee a ver está llevando al candidato del Partido del Trabajo a cometer errores graves, quizá por falta de asesoría, ideas para hacer campaña o en un afán desesperado por conservar el registro.

El repartir dinero en efectivo es una estrategia burda, simple e ilegal, donde claramente reta a las autoridades a mostrar su fuerza y compromiso con la legalidad porque hasta el momento no han pasado de buenas intenciones y han dejado pasar varios temas.

Es cierto que el IEPS a la gasolina es más que cuestionable, pero esto no implica que un "candidato" agarre 20 por ciento de las prerrogativas que le dieron etiquetadas para la obtención del voto y se ponga a repartir dinero en efectivo.

El Instituto Electoral del Estado de México habrá de entregarle 15 millones 511 mil 96 pesos al candidato petista para la obtención del voto, de los cuales él pretende "regresar" a la gente 3 millones que obligadamente deben acreditarse ante el Instituto Nacional Electoral como gasto lícito, en rubros electorales, con facturas reconocidas contablemente. Tener inconsistencias o faltas en 20 por ciento del ejercicio podría significarle una sanción alta.

Es justo que se le regrese a la gente este impuesto y también lo que le dan para campañas, pero este no es el camino, sobre todo cuando podemos observar varios apartados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales donde se sanciona penalmente este tipo de actividades.

Para empezar, el artículo 7 señala de seis meses a tres años de cárcel a quien solicite votos por paga, promesa de dinero y otra contraprestación durante la campaña. Aunque quizá argumente que no pidió el voto a cambio; el tema es que no es un funcionario o político, sino un candidato legalmente registrado.

El noveno habla de hasta seis años de prisión al candidato que se abstenga de rendir cuentas de los gastos proselitistas y del destino de los recursos públicos que recibe. Falta ver si lo comprueban con otras facturas.

También violenta el acuerdo del INE donde prohíbe la entrega de cualquier material, oferte algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo a través de los partidos o candidatos porque se considera "coacción del voto".

Al final, puede no pasar nada legal ni administrativamente, ya lo hemos visto, pero la gente sabe cuándo algo es ético y cuándo no, y dudo mucho que avalen este tipo de conductas.