Números al aire

Ley de fuerza a fuerza


Desde 2006 que se dio el enfrentamiento entre habitantes de San Salvador Atenco y la policía estatal, dejando graves heridos de los dos lados, se puso en la mesa la necesidad de un protocolo de actuación que salió 10 años después en un abrir y cerrar de ojos.

El caso Atenco, que tiene su origen en la fallida compra de tierras a precios irrisorios para el aeropuerto, tuvo graves resultados, quizá los peores de la historia mexiquense, con decenas de mujeres ultrajadas, al menos un hombre parapléjico; jóvenes, hombres y mujeres golpeados salvajemente, además de algunos policías.

Las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales condenaron los hechos y pidieron protocolos para que los policías sepan hasta donde actuar.

Diez años y no lograron hacer una ley clara, cualquiera que lea su articulado podrá encontrar errores gramaticales, constantes repeticiones, frases inentendibles, quizá para tener por donde litigar. Los diputados como siempre no se dieron cuenta de lo delicado del tema. Analizaron en un dos por tres y aprobaron.

La iniciativa salió por mayoría. El PRD, nada extraño, votó a favor, aunque el PRI no necesitaba su apoyo para sacar adelante el dictamen. Morena se abstuvo y uno que otro diputado prefirió abandonar el salón de sesiones para que no lo señalaran por aprobar un tema de esta naturaleza, lo cual más que grave resulta cobarde.

Claro que se necesita una ley que regule el uso de la fuerza, pero cada apartado, cada línea debe ser analizado cuidadosamente. Ojalá ahora lo hagan las instancias que defienden los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia para que enderecen la plana a los legisladores y autoridades mexiquenses.

De entrada, sus artículos transitorios dejan mucho que desear. La ley entrará en vigor en 90 días hábiles, por ahí de mediados de junio, pero la policía tendrá 180 días para ser capacitada en el uso de armas y les quede clara esta norma, que deben manejar al derecho y al revés por su propio bien.

A simple vista este transitorio debió ser al revés. Primero garantizar elementos policiacos bien capacitados, para tener la seguridad que no harán uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo aplicarse antes, si los que la van a ejecutar no están listos?

Resulta contradictoria o poca clara cuando señala que los elementos pueden negarse a cumplir una orden cuando vean que exceden en fuerza y que no hay un peligro inminente, lo cual podría resultar subjetivo. En otra parte dice que si no atienden las órdenes de sus jefes pueden ser sometidos a proceso administrativo o lo que sea necesario. ¿Entonces, pueden decidir o no?

En uno de sus artículos indica que deben denunciar a sus jefes cuando se excedan. La pregunta es, ¿Quién se va a atrever a ir contra el sistema, a firmar por adelantado su renuncia y quizá imposibilidad de encontrar nuevamente trabajo? Estamos hablando de vidas, no de vidrios rotos.

Seguramente muchos de los diputados, como en tantas ocasiones, ni siquiera conocen el articulado; no leyeron el documento, pero si alzaron la mano. Claro que la vida de los elementos de seguridad también es valiosa, pero hay temas que requieren más de dos reuniones, aunque ya hayan pasado 10 años de la deuda legal que tenía y sigue teniendo la entidad.