Números al aire

Corrupción municipal

Uno de los grandes males que abona a que la corrupción eche raíces más fuertes y lesivas no solo es la impunidad, sino el encubrimiento. Todos se cubren las espaldas, sean o no del mismo partido. El descubrir información comprometedora no sirve para hacer justicia, solo para hacer oscuros acuerdos.

Si eso no fuera así, en las cárceles de la entidad habría más de un funcionario procesado y sentenciado, no solo presidentes municipales, regidores y síndicos, sino también los de confianza: directores de Obras o Administración, entre otros tantos que manejan dinero, compran y cobran servicios.

Ni por temas de probabilidad puede ser que de mil 612 funcionarios de elección popular en los 125 municipios, solamente David Sánchez, de Naucalpan, haya caído.

De los 200 mil casos que llegan cada año al tribunal local los acusados son gente común, empresarios, profesionistas, de todo, menos políticos, como si fueran los únicos honestos, aunque en la práctica sí deben ser intachables y extremadamente cuidadosos con los recursos que no son suyos.

Además de políticos tras las rejas debería existir una larga lista de inhabilitados, hacerse público el inventario de quienes cometieron errores y resarcieron, pagaron multas. Eso es una verdadera y justa transparencia; no solo por exhibir a quien no merece la confianza popular, sino para demostrar que los encargados de fiscalizar y sancionar hacen su trabajo y no están de adorno, ni mucho menos de cómplices.

La realidad es que sean panistas, perredistas, priistas o de cualquier otro partido, al final terminan cubriéndose unos a otros; no pasan de una lucidora declaración de prensa, pero no denuncian formalmente, no muestran las pruebas que fácilmente encuentran al hacerse cargo de la administración y revisar las cuentas y bienes, sin necesidad de ser auditor.

Es inaudito que quienes se encargan de hacer las leyes sean los primeros en violarlas. La Legislatura pasada avaló créditos a una treintena de municipios que rebasaron el tope permitido por la ley, poniendo en riesgo su estabilidad y liquidez financiera. Se fueron impunemente y hoy muchos de ellos son alcaldes.

No tardan en acudir al congreso a pedir autorización para nuevos préstamos, para ampliar periodos y evadir los pagos que les corresponde en este trienio, en pedir dinero para obras magnas que los perpetúe como los impulsores del desarrollo de su localidad, para que puedan aprovechar la oportunidad de reelegirse y alcanzar seis años en el cargo.

Poco a poco van saliendo temas de desfalcos, como el caso Tenango del Valle, donde la anterior administración heredó una deuda superior a los 96 millones de pesos que representan casi un tercio del presupuesto que maneja este municipio; dejó obras sin pagar, retuvo Impuesto Sobre la Renta sin enterarlo al Servicio de Administración Tributaria.

Que una administración tenga que pagar, por negligencia de un funcionario, un millón 796 mil 436 pesos por la devolución de un cheque no puede quedar en el olvido ni pasarse por alto porque se dañó el erario municipal.

En Nezahualcóyotl la Comisión Federal de Electricidad reclama un pago de 144 millones de pesos que deben revisarse para conocer quién incumplió con los pagos. En Naucalpan y Huixquilucan también se esperan hallazgos de los nuevos alcaldes porque los órganos encargados de fiscalizar, por más informes, cuentas públicas y obras que revisan, no encuentran más que errores menores para los cuales tienen toda una vida para corregir.