Números al aire

Corrupción, miedo y olvido

No solo las cárceles federales representan una "bomba de tiempo" que en cualquier momento puede estallar, también las prisiones estatales y municipales se han convertido en nidos de corrupción, miedo y olvido.

El problema no es quién las opera y administra, sino cómo lo hacen y bajo qué condiciones. El argumento de todas las autoridades es la falta de recursos para atender estos espacios de manera digna y la sobrepoblación que genera un sinfín de problemas y violaciones a los derechos humanos.

El último dato de la Secretaría de Gobernación, de febrero de este año, refiere que en el país existen 387 centros preventivos y de readaptación social que, en la práctica, solo se les pueden llamar prisiones porque lo único que hacen, y sin mucho éxito, es mantener en un solo sitio a quien infringió la ley.

De estos espacios, 74 están a cargo de gobiernos municipales, 17 del gobierno federal, 11 del Distrito Federal y 285 de los gobiernos estatales, sin que existan verdaderos modelos que garanticen la re adaptación de quien incurrió en una conducta antisocial.

El tema ha sido reconocido por quienes han dirigido estos espacios, quienes dictan las normas y quienes dirigen el rumbo de los municipios, estados y del país, pero todo se ha quedado en el discurso y aparentes buenas intenciones.

La realidad es que los centros preventivos no están ni han estado entre las prioridades de nadie. Se han convertido en espacios donde se pretende esconder lo malo y erróneo de la sociedad. Se han dejado en el olvido.

No existe una cárcel modelo, donde funcione un verdadero sistema de readaptación social y se respeten los derechos humanos. Los intentos solo se han quedado en eso, en aparentes buenas intenciones que fácilmente pasan al olvido.

Inversiones millonarias para grandes sistemas de seguridad que nunca terminan de instalarse ni de funcionar. La realidad es que hay muchos interesados en que esto no funcione, los inhibidores de señales han sido prueba de ello; las llamadas de extorsión siguen saliendo, en gran parte de los casos, de las prisiones.

Los arcos detectores de metales dejan de funcionar, al igual que las cámaras, por falta de mantenimiento e inversión no solo en los espacios municipales o estatales, también en los federales. En 2005 se dio cuenta de la decadencia y vulnerabilidad de la cárcel de máxima seguridad de Almoloya, donde se llegaron a fingir protocolos de seguridad porque los aparatos no servían.

En el interior siguen encontrando droga, armas, objetos prohibidos, cotos de poder, agresiones sexuales, riñas, asesinatos, alcohol adulterado, violencia de todo tipo y personas inocentes.

Ahí no solo corre el dinero como medio de defensa y poder, también la fuerza y el miedo. Las grandes estructuras de crimen saben que tienen dos caminos para obtener lo que quieren: corromper o amedrentar. Basta que una célula de todo el sistema se doblegue ante el poder del dinero y el miedo que el camino sigue trazado.

Es urgente que más allá de cabezas se diseñe y garantice un modelo efectivo de readaptación social dentro de las prisiones y otro que genere oportunidades reales para que quienes no han delinquido no vean su única salida en la infracción a la ley.