Articulista invitado

El presupuesto del INE para 2016

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo por primera vez el próximo año la obligación de involucrarse en las 13 elecciones locales, aún cuando no habrá proceso federal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo por primera vez en 2016 la obligación de involucrarse en las 13 elecciones locales a celebrarse aun cuando no habrá proceso electoral federal. En particular, la Constitución señala que el INE es la única autoridad que debe realizar toda la capacitación de funcionarios y la integración de las mesas directivas de casilla, sean federales o locales. Además, ya es atribución exclusiva del INE la fiscalización de las campañas electorales, sean éstas para ayuntamientos, diputados locales, gubernaturas o a puestos de elección federal.

Así, frente a su antecesor el Instituto Federal Electoral (IFE), el INE tiene encomiendas constitucionales y legales que implican dejar atrás el ciclo trianual de presupuestación —año preelectoral, de votaciones federales y poselectoral, respectivamente— para fungir ahora como autoridad nacional en todos los comicios que se realicen en el país.

La Comisión de Presupuesto del INE conoció ayer las cifras del anteproyecto de Presupuesto 2016 que habrá de votar el Consejo General el 28 de agosto. La reducción frente al presupuesto ejercido en 2015 es más que significativa, de una quinta parte.

Al tratarse de una solicitud de recursos públicos por parte de una institución autónoma, y en apego al principio de máxima publicidad de la función electoral, a continuación se presenta una síntesis de las cifras que conforman el anteproyecto de presupuesto del INE.

El monto total que solicitará el INE a la Cámara de Diputados asciende a 15 mil 473.8 millones de pesos, que representan una reducción de 19.9 por ciento frente al presupuesto aprobado para 2015.

De esa cifra, 11 mil 442.7 millones de pesos (73.9 por ciento) se consideran para el cumplimiento de las obligaciones del INE, mientras que 4 mil 31.1 millones (26.1 por ciento) se incluyen como prerrogativas de los partidos políticos nacionales.

Dentro del presupuesto de operación del INE, 8 mil 352.3 millones de pesos corresponden al presupuesto base, es decir, el que permite la operación regular y permanente del instituto. Este monto tiene un aumento en términos reales de solo 1.8 por ciento frente a lo autorizado para 2015. Cabe decir que el capítulo mil, referido a servicios personales, absorbe 6 mil 51 millones de pesos, mismo que registra una disminución de 0.3 por ciento respecto al presupuesto del mismo capítulo en 2015. El monto del presupuesto base correspondiente a los capítulos 2 mil a 6 mil asciende a 2 mil 311 millones de pesos, un aumento en términos reales de 7.6 por ciento. Esta cifra se explica, en buena medida, por el incremento en la estimación del precio del dólar —pues para 2015 se cotizó a 12.5 pesos y para 2016 la Secretaría de Hacienda estima una cotización promedio de 15 pesos por dólar— que afecta las adquisiciones en dólares del INE, en particular en tareas como la producción de la credencial para votar con fotografía, de la que se estima entregar 14.3 millones de micas a los jóvenes que lleguen a la edad de votar y a ciudadanos que repongan su identificación el año próximo.

El presupuesto para los proyectos que desarrollará el INE en 2016 asciende a 3 mil 90.4 millones de pesos, una cifra 44.2 por ciento inferior al presupuesto equivalente de 2015. La reducción se explica, en buena medida, porque no habrá proceso electoral federal. No obstante, el INE deberá realizar la capacitación de funcionarios de casilla, la definición de ubicación de casillas y la selección de funcionarios de mesas directivas de casilla en las 13 entidades federativas donde habrá elecciones locales en 2016. En esas entidades, habrán de instalarse 13 consejos locales del INE y 105 consejos distritales. En esos estados se instalaron en el proceso electoral federal 54 mil 24 casillas, mismo número que se proyecta instalar en 2016 para los comicios locales.

Para cumplir con sus atribuciones constitucionales de hacerse cargo de la capacitación y conformación de mesas de casilla, para realizar la fiscalización de las precampañas y campañas electorales, así como para desplegar todas las responsabilidades que corresponden a la autoridad electoral nacional en las 13 elecciones locales de 2016, el INE solicita 1 mil 370.73 millones de pesos. Esta cifra abarca 44.35 por ciento del presupuesto de proyectos del INE para el ejercicio 2016.

Por otra parte, el INE desarrollará proyectos adicionales por un total de mil 719.7 millones de pesos. De ellos 762.1 millones corresponden a la continuidad del proyecto de inversión en infraestructura inmobiliaria cuya primera etapa fue aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 (lo que se traducirá en ahorros en un futuro cercano, pues el INE podrá dejar de pagar montos considerables en alquiler de edificios para ubicar sus oficinas en el Distrito Federal y en distintas ciudades del interior); 445.4 millones para la actualización de procesos registrales electorales (aquí se incluye una partida para iniciar con un proceso novedoso, surgido de la reforma constitucional y legal de 2014, que es otorgar la credencial para votar con fotografía a los mexicanos residentes en el exterior); 389.9 millones corresponden a proyectos de innovación y cambio institucional; 82.2 millones a los estudios sobre el proceso electoral 2014-15 recién concluido y 40.0 millones al desarrollo de valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica.

En lo que toca a las prerrogativas de los partidos políticos el INE está presupuestando 4 mil 31 millones de pesos. Esta cifra surge de una fórmula legal que contempla la multiplicación del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 0.65 del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Cabe decir que el financiamiento público de los partidos políticos nacionales, si bien debe ser solicitado por el INE y entregado a los partidos, en ningún caso es presupuesto a cargo del instituto ni puede disponer del mismo.

México vive un entorno económico complicado. Ello subraya la obligación de las instituciones públicas para explicar con toda apertura y transparencia la construcción de sus proyectos de presupuesto, que deben contar con al menos tres características: 1) responsabilidad, para no desatender sus obligaciones constitucionales ni comprometer el ejercicio de los derechos ciudadanos; 2) racionalidad, para no pedir recursos que no tengan plena justificación y, 3) respeto a los contribuyentes.

*Consejero electoral