Mayor vigilancia en la frontera

No hace mucho la Patrulla Fronteriza estadunidense era la única agencia del orden que monitoreaba los matorrales de mezquite y cañaverales a lo largo del río Bravo, y el reto para los agentes era distinguir entre un inmigrante exhausto y una amenaza.

Ahora, la espesa maleza está llena de centenares de guardias federales, policías estatales y milicias civiles, todos fuertemente armados y a menudo con chalecos de uso militar y camuflaje.

Desde que la inmigración no autorizada se incrementó en el valle del río Grande este verano, la Patrulla Fronteriza ha despachado más agentes, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha enviado más hombres y el gobernador Rick Perry ha desplegado hasta mil guardias nacionales en el área. Las autoridades se han negado a revelar las cifras exactas, pero Texas está gastando 1.3 millones de dólares semanales en policías estatales y unos 12 millones al mes en guardias nacionales.

La comunicación en el terreno entre los diversos agentes armados es fragmentaria y un incidente reciente de fuego amigo con un miembro de una milicia hizo que la Guardia Fronteriza exhortara esta semana a dejar la vigilancia a los agentes del orden. Mientras tanto, en comunidades fronterizas, algunos habitantes temen que la reciente presencia de elementos de seguridad sea más bien una amenaza.

La coordinación ya es un reto tan solo entre las propias entidades de la ley. Usan diferente equipo de radio, lo que complica la comunicación directa en el terreno. Así, sus representantes se sientan juntos en un centro de comando que trabaja las 24 horas de todos los días de la semana para evitar sorpresas. Cada turno de agentes de la Patrulla Fronteriza es informado de la presencia y actividad de otras agencias antes de salir al terreno.

Milicias civiles armadas, que se han sumado a la defensa de la frontera en números no conocidos, complican aún más el esfuerzo.

“A veces puede ser peligroso, porque se tiene a todas esas personas (ajenas a entidades del orden) corriendo junto a la frontera”, confiesa Kevin Oaks, jefe de la Patrulla Fronteriza en el valle del río Grande. “Algunos miembros de los cárteles llevan fusiles automáticos y camuflaje, y entonces hay otras personas que pueden estar bajo los auspicios de quién sabe cuál grupo, que podrían verse muy similares, y no tenemos idea de quiénes sean esas personas. Lo que temo es que estas cosas se sobrepongan entre sí y a la larga haya un terrible desenlace”.

Eso casi sucedió el 29 de agosto, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza que perseguía a un grupo de inmigrantes cerca del río Bravo, al este de Brownsville, volvió sobre sus pasos para encontrarse cara a cara con un hombre en ropa civil que sostenía un fusil. El agente disparó varias veces, pero no hirió al hombre, que era miembro de una milicia civil y realizaba un patrullaje.

El alcalde de Rio Grande City, Rubén Villarreal, se muestra filosófico cuando habla de los policías estatales que vigilan su calle principal y los guardias nacionales alojados en su hotel Holiday Inn. Las ciudades fronterizas suelen ser zarandeadas por decisiones tomadas en capitales lejanas a ambos lados de la frontera, y con el tiempo aprenden a adaptarse.

“Vivir junto a la frontera nos ha hecho muy resistentes”, dice. “Si queremos un sentido de seguridad en la nación —porque no se trata solamente de seguridad para Rio Grande City o Texas, es para la nación— tenemos que entender que va a haber concesiones”.

Pero la elevada presencia de seguridad ha sacudido a algunos residentes que ya de por sí están acostumbrados a vivir en una región en la que suele haber presencia de personal de la ley y el orden por todas partes.

Unas 50 personas se congregaron el jueves en las oficinas en San Juan de La Unión del Pueblo Entero, un grupo de activismo laboral. Una mujer tomó el micrófono y le preguntó a la concurrencia cuántos estaban preocupados por la intensificación de las patrullas de seguridad pública. Casi todo el mando alzó la mano.

Entre ellos estaba Isabel Barbosa, de La Joya, quien dijo que viajaba en un auto con su madre y cuatro hermanos cuando un policía estatal detuvo el coche, diciéndoles que habían cruzado la línea blanca en la orilla de la carretera.

Barbosa, de 21 años, dijo que en un principio el agente le dijo a su madre que solamente recibiría una advertencia. Pero después fue detenida cuando arribó al lugar un agente de la Patrulla Fronteriza y determinó que ella carecía de autorización para estar en el país. La mujer fue deportada al día siguiente tras haber vivido 18 años en Estados Unidos, dejando atrás a un esposo enfermo y cinco hijos, el menor de apenas 3 años.

“La gente teme salir incluso a la tienda. No puede siquiera llevar a sus hijos a las clínicas. No pueden hacer nada”, se lamenta Barbosa.