Columna invitada

'Temaca' y sus autoridades judiciales

Ante el anuncio del gobierno de Jalisco el 10 de abril, de que aún con una cortina a 80 metros el pueblo de Temacapulín se inundaría en cierto momento, resultaba preferible construir un embalse con una muralla a 105 metros de altura; dicho razonamiento justificado en el dictamen técnico de la Conagua incitó a la reacción de los posibles afectados, al movilizarse para promover sendos amparos colectivos, presentados el 9 y 16 de mayo; uno en la figura de los Hijos ausentes, otro al cobijo del Comité Salvemos Temaca y el tercero al auspicio de 80 moradores de Temacapulín; en los expedientes 1093/2014, 1046/2014 y 1045/2014, respectivamente.

La acción jurídica emprendida por los potenciales reubicados rindió frutos muy a corto plazo, resolviéndose los dos primeros el 20 y 21 de mayo actuales; las sentencias de referencia se enuncian de la siguiente manera: “La suspensión provisional, para el efecto de que las [autoridades] responsables se abstengan de construir una cortina que sobrepase la altura originalmente autorizada de 80 metros de la presa El Zapotillo, que se construye en el río Verde en Los Altos de Jalisco, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva”.

Estas resoluciones temporales, vienen a ser reafirmadas, el pasado 27 de mayo, por la emisión de una suspensión definitiva, en contra de la autoridad estatal, otorgada por el Juez Primero de Distrito en materia administrativa; como resultado del estudio a fondo del expediente 1093/2014; esperándose además, que en la Audiencia del 20 de junio se dicte suspensión definitiva que alcance a la autoridad Federal, para que detenga los trabajos de la cortina a 80 metros de altura;  reafirmando también la sentencia 93/2012, emitida por la SCJN; misma que deja sin efectos el convenio de 2007, suscrito entre la Conagua y los ejecutivos de Guanajuato y Jalisco.

En esa virtud, y toda vez que la SCJN, imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones; no obstante los gobiernos amarrados a El Zapotillo, lejos de atender la sentencia, ocultaron información sobre el avance de la obra, los recursos financieros, hasta el momento invertidos y el ocultamiento de datos sobre la falta de licencia de cambio de uso de suelo, negada por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón.

Por cierto, este ayuntamiento concurrió el 14 de mayo ante la SCJN, en su carácter de tercero interesado, para notificarle que como uno de los tres órdenes de gobierno, con facultad expresa para emitir licencia; esta sólo se ha expedido para una cortina de 80 metros; y ratifican su preocupación porque en la actualidad, el proyecto esté llegando a una altura de 105; por lo que solicitan una inspección al sitio de la obra y de ser necesario derribar el excedente de cortina, para resguardar la soberanía municipal. 

De lo anterior se desprende que el citado proyecto hídrico es transgresor, no sólo de los derechos humanos de temacapulinenses y habitantes de la región; además se pretende erigir como un proyecto meta constitucional, por encima de las leyes e instituciones que sirven de pilares fundamentales para la estabilidad social y tradición republicana de un país con vocación y espíritu democráticos desde la consolidación del estado moderno, en el primer cuarto del siglo XX.

Como al que va perdiendo en una partida de ajedrez, al Ejecutivo y a sus aliados, el tablero se les achica y sus piezas van quedando inmovilizadas por la pericia del contrario; en ese ejemplo han quedado en el camino varios peones, (Tito Lugo, José Luis Hernández Amaya) un alfil, (Enrique Dau Flores) dos torres, (Conagua y CEA) dos caballos (José Luis Luege Tamargo y César Coll Caravias); estando a punto de perder la reina, una pieza clave y último reducto, representada en el Gobierno de Jalisco, para propinar jaque mate al Poder Ejecutivo Federal, que debe claudicar ante el proyecto de una cortina a 105 metros en El Zapotillo.

Es importante resaltar que nuestro gobierno, desde el origen del proyecto para represar el río Verde en un sitio de la región de Los Altos, con la finalidad de dotar agua a la ciudad industriosa de León en Guanajuato, se ha mostrado complaciente, alcahuete y entreguista del traslado de la riqueza hídrica de Jalisco hacia nuestro vecino del Bajío; mostrando debilidad ante sus similares y falta de compromiso con sus gobernados, cediendo la cancha a Guanajuato, que en voz de su gobernador dice que “El Zapotillo va porque va”.