Carta de viaje

México y Cuba / y III

Desde 2011, los pilares de la política exterior de México (no intervención y autodeterminación de los pueblos) fueron sustituidos por otros (la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos) que, junto con su alianza con EU, socavaron las bases de los vínculos históricos que el país tenía con Cuba.

Cuba estaba ya aislada del resto del continente cuando tuvo lugar la 9ª Reunión de Consulta de la OEA, celebrada en Washington en julio de 1964. Eran pocos los países que tenían aún relaciones con la isla —solo Bolivia, Chile, Uruguay y México. La reunión de Washington puso a discusión, entonces, una resolución para terminar de aislar a la Revolución. En la propuesta del texto, los países signatarios expresaban “su alentadora esperanza de que el pueblo cubano, fortalecido por la confianza en la solidaridad de los demás pueblos y gobiernos latinoamericanos, pueda, por su propio esfuerzo y en un futuro próximo, liberarse de la tiranía que lo oprime”. México votó contra la resolución, que fue aprobada por una mayoría de más de dos terceras partes en la OEA. Ella obligaba a todos los países miembros a romper con Cuba, pero fue rechazada por el gobierno de López Mateos, que no retiró su embajada de la isla como lo hicieron Bolivia, Uruguay y Chile ni suspendió los vuelos entre México y La Habana, con el argumento de que la resolución había sido tomada por una mayoría que ya no tenía vínculos con el régimen de Castro. “Nos querían imponer una decisión que ellos ya habían tomado individualmente”, recordaría un funcionario de la cancillería. Nadie trató en serio de revertir esa decisión, para muchos ilegal, incluso cuando la cancillería propuso someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia. México fue así el único país en Latinoamérica que a partir de 1964 mantuvo relaciones oficiales con la Revolución cubana. Había sido también, por cierto, el primero en tenerlas cuando en enero de 1959 informó que sus relaciones con el gobierno de la isla seguirían su curso normal.

Así como la reacción a Punta del Este (enero de 1962) fue la Segunda Declaración de La Habana (febrero de 1962), la reacción a Washington fue la Declaración de Santiago de Cuba, hecha pocos días después, en el aniversario del ataque al cuartel Moncada. Fidel Castro pronunció entonces un discurso que aludió a las normas del derecho internacional, en concreto la de no intervención, que hacían posible la coexistencia pacífica entre países con sistemas políticos distintos. Pero frente a la agresión de los demás, afirmó, “Cuba no se ajusta a esas normas y no existe impedimento para que nosotros, a su vez, ayudemos con todos los recursos a nuestro alcance al movimiento revolucionario de esos países”. La Declaración de Santiago, que justificaba el derecho de Cuba a promover la insurrección en América Latina, establecía también excepciones a su política, en el caso de los países opuestos a la resolución de la OEA —“en primerísimo lugar, México”. La excepción sería fundamental para ambos países en los años por venir. “A México”, aclaró el comandante, “al gobierno de México que ha mantenido la posición más firme, nosotros podemos decirle que el gobierno de México nos inspira respeto, que con el gobierno de México estamos dispuestos a conversar y discutir, y con el gobierno de México estamos dispuestos a comprometernos a mantener una política sometida a normas, normas inviolables de respeto a la soberanía de cada país y de no inmiscuirnos en los asuntos internos de ningún país”.

El comandante en jefe de la Revolución habría de recordar a menudo, más tarde, la postura de México en la OEA, primero contra la expulsión, luego contra la ruptura de todas las relaciones con Cuba. Con esa postura, México sentaba las bases que habrían de regir su relación con la Revolución cubana por los siguientes siete lustros, hasta fines del siglo XX. Su piedra de toque era el principio de no intervención, sostén de su política exterior desde la década de los cuarenta, cuando luchó para que fuera reconocido como base de las relaciones interamericanas, lo que finalmente quedó plasmado en el artículo 15 de la Carta de la OEA. “México fue la excepción y el único país latinoamericano que no se sumó al poderoso imperio para asfixiar y estrangular a Cuba”, recordaría Fidel. “México mantuvo esas relaciones con Cuba por puro principio político, por pura moral política y dignidad política”. En realidad, más que por principio, fue por conveniencia —por conveniencia mutua. Por eso las relaciones resultaron tan firmes y tan duraderas.

La relación entre los países fue excepcional: México no rompió con Cuba y Cuba no intervino en México. Su excepcionalidad tuvo para los dos un impacto importante. Hacia finales de los noventa, sin embargo, y de forma explícita a partir de 2001, los pilares de la política exterior de México —no intervención y autodeterminación de los pueblos— fueron sustituidos por otros principios —la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos— que, junto con su alianza estratégica con Estados Unidos, socavaron las bases de los vínculos históricos que el país tenía con Cuba. Así llegó a su fin aquella relación, una que todavía no se reinventa por completo: la que durante siete lustros mantuvieron los gobiernos de la Revolución mexicana con el régimen de la Revolución cubana.

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