Carta de viaje

Constitución de un país dividido

Los mexicanos quedaron atrapados en medio. Quienes no juraban eran sancionados por el gobierno y quienes sí juraban perdían la protección de la Iglesia.

El 5 de febrero de 1857 fue aprobada la Constitución Política de la República Mexicana, en la que concluyeron los trabajos del Congreso Constituyente que a lo largo de 1856 estuvo dominado por radicales del partido liberal, dirigidos por el ex seminarista Melchor Ocampo. Con esta Constitución, el país dejaría de vivir bajo las instituciones heredadas de la Colonia, aunque luego de una guerra que lo habría de desgarrar: la de Reforma.

La Constitución de 1857, en la que cristalizó la rebelión de Ayutla contra Santa Anna, significó el triunfo de los liberales contra los dos males que percibían en el país: la supremacía del Ejecutivo y la predominancia del Centro. Para lograr sus objetivos, los constituyentes disolvieron el Congreso General, conformado por dos cámaras, de diputados y de senadores, donde los miembros del clero podían ocupar un escaño, y lo reemplazaron por un Congreso de la Unión, constituido por una sola asamblea, laica y todopoderosa: la Cámara de Diputados. Con este cambio, la legislatura, unificada, quedó fortalecida en su relación con el Ejecutivo. Y los gobernadores, quienes designaban a los diputados, salieron a su vez robustecidos en su trato con el Centro. Todo sería distinto con la Constitución. Era la base para dar, pensaban sus autores, un paso a la modernidad. Los liberales que la concibieron luchaban por la igualdad ante la ley, contra los privilegios; por la supremacía del individuo, contra los fueros de las corporaciones; por el gobierno civil, contra la preponderancia militar y la influencia eclesiástica; por la propiedad en manos de los empresarios para dinamizar la economía, contra la riqueza en posesión de manos muertas como las de la Iglesia.

La Constitución fue jurada poco después en Oaxaca, entonces gobernada por Benito Juárez. No todos los funcionarios de su gobierno juraron respetarla. Algunos prefirieron renunciar a sus puestos. Don Manuel Iturribarría, profesor de derecho natural en el instituto, presentó su dimisión a la Corte de Justicia de Oaxaca, junto con otros dos magistrados, y don Cenobio Márquez, jefe de la rebelión contra Santa Anna, hermano de sacerdotes, uno de ellos muy prominente, encabezó la oposición a Juárez. Ambos eran personajes cercanos a Porfirio Díaz, quien como capitán de la guardia nacional —y desde luego como liberal— había jurado de inmediato lealtad a la Constitución. El estado, como el país, estaba en realidad dividido en dos. En ambos lados había gente de bien, junto con la de mal, aunque los grupos tendían a estar divididos conforme a sus profesiones. El descontento entre sacerdotes, en particular, fue enorme. El obispo de Antequera tomó partido contra los liberales en una circular que dirigió al clero de su diócesis, en la que prohibió a los sacerdotes jurar la Constitución. Hizo más: “mandó que los curas no absolvieran a los liberales en el artículo de muerte”, como lo revelaría un testigo de los hechos. Ese mismo día, el gobierno del presidente Ignacio Comonfort envió una comunicación a los gobernadores de los estados en la que pedía que los clérigos acusados de alterar el orden fueran enviados (para ser castigados) a la Ciudad de México. Los mexicanos quedaron atrapados en medio —todos, en especial los funcionarios y los sacerdotes—. Pues quienes no juraban podían ser sancionados por el gobierno de su país y, al mismo tiempo, quienes sí juraban podían perder la protección que les daba su Iglesia. No había manera de quedar bien con ambos lados.

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