Carta de viaje

El Chamizal/I

“El Chamizal es seguramente el caso más apasionante de la diplomacia mexicana”, escribió don Antonio Gómez Robledo.

El Chamizal es seguramente el caso más apasionante de la diplomacia mexicana”, escribió don Antonio Gómez Robledo, quien no resistió la tentación de agregar: “y posiblemente de la historia nacional en general”. México conmemora, este año, el 150 aniversario de la avenida de agua que provocó que el río Bravo cambiara violentamente de curso hacia el sur, dejando del lado estadunidense el territorio conocido como El Chamizal. Y celebra, este septiembre, el 50 aniversario de la devolución simbólica de esa parte de su territorio por el gobierno de Estados Unidos. Es la historia que cuenta Ismael Reyes Retana —abogado, socio del despacho White & Case— en el “El Chamizal: una historia de perseverancia y… ¡éxito!”, publicado en la página electrónica de la revista Nexos.

“El 17 de octubre de 1866 el jefe político y comandante militar del distrito de Bravos le comunicó al gobernador de Chihuahua, Luis Terrazas, que el río Bravo (que en esa época era inestable y movedizo) había experimentado diversos cambios en su cauce (…) El gobernador Terrazas, por su parte, inmediatamente transmitió esa información a Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación”. Así comienza el estudio de El Chamizal que hace Ismael Reyes Retana. Eran años de prueba. El gobierno de Juárez, que durante la Reforma había derrotado a las dos instituciones más poderosas del país, el Ejército y la Iglesia, estaba entonces envuelto en una guerra a muerte contra la potencia que muchos consideraban la más poderosa del mundo, Francia, principal sostén del imperio de Maximiliano. A pesar de que Estados Unidos era aliado de México en la guerra de Intervención (había dado apoyo moral —aunque no material— a la causa de la República), el presidente Juárez dio instrucciones a Lerdo de Tejada para que, por conducto de Matías Romero, enviado extraordinario de México en Estados Unidos, sometiera el asunto a la consideración del gobierno de Washington.

El río Bravo marcaba la frontera entre los países desde los Tratados de Guadalupe Hidalgo, firmados el 2 de febrero de 1848, con los que finalizó la invasión de Estados Unidos a México. Las avenidas de agua de 1864, sin embargo, habían dejado del lado estadunidense una porción del territorio que estaba originalmente entre Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez) y la margen derecha del río Bravo, en el que habían comenzado a ejercer actos de jurisdicción las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué hacer? El gobierno de Washington consultó la opinión del attorney general, Caleb Cushing, quien “formuló un dictamen en el cual hizo una distinción sumamente clara entre los cambios producidos por aluvión —modificación gradual del curso del río— y avulsión —cambio del cauce del río— y concluyó que, en el primer caso, el río seguirá siendo la línea divisoria entre los dos países y, en el segundo, la mencionada línea debería permanecer en el lecho abandonado del río”. Matías Romero, a título personal, aceptó la tesis de Cushing.

Los años comenzaron a pasar, sin que hubiera avances en la solución del problema. En 1889 fue establecida una Comisión Internacional de Límites (integrada por un mexicano y un estadunidense) para resolver los problemas suscitados por el cambio del cauce del río Bravo. Más tarde, en 1894, el comisionado mexicano presentó una reclamación que hizo el propietario del terreno de El Chamizal, Pedro Ignacio García, ante el Juzgado de Letras del distrito de Bravos, para que se le restituyeran parte de sus tierras, situadas frente a la ciudad de El Paso. Finalmente, el 24 de junio de 1910 fue creada la Comisión para Terminar con las Diferencias del Dominio Eminente sobre el Territorio de El Chamizal, que decidió someter la resolución del problema al arbitraje de un tribunal que adoptó la forma de una Comisión Mixta. Este tribunal de arbitraje —instalado en la ciudad de El Paso en mayo de 1911— estuvo integrado por los comisionados Eugéne Lafleur (canadiense), Anson Mills (estadunidense) y Fernando Beltrán y Puga (mexicano), y por Joaquín D. Casasús, en representación de México, y William C. Dennis, en representación de Estados Unidos. En el laudo del arbitraje, emitido el 15 de mayo de 1911, se determinó, por mayoría de votos del presidente y del comisionado mexicano, que el dominio eminente del territorio pertenecía a México. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, se negó a acatar el fallo como válido y obligatorio, con lo que comenzó la larga lucha de la diplomacia mexicana en favor de El Chamizal.

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