Carta de viaje

Bosques y selvas de Chiapas

En México lo normal es que la sociedad se organice para pedir al gobierno; esta vez, la sociedad se organiza para actuar.

La semana que viene comenzarán los trabajos del primer Congreso Estatal Manejo Forestal ante el Cambio Climático en Chiapas, convocado por asociaciones de silvicultores, ejidos de la Selva, organizaciones no gubernamentales y universidades del estado y el país, como Chapingo. El objetivo es —cito la convocatoria— “que los dueños y poseedores de terrenos forestales y/o preferentemente forestales, a través de sus organizaciones y comunidades, elaboremos e impulsemos ideas y propuestas que permitan posicionar el manejo y la política forestal en la importancia y prioridad que demanda la población y la tierra de Chiapas, y que éstas permitan mejorar las condiciones de vida y el ingreso de la familia campesina y contribuyan a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”.

Chiapas tiene una superficie de 7.48 millones de hectáreas, de las cuales poco más de la mitad están aún hoy, a pesar de la destrucción, cubiertas de árboles. Es uno de los dos estados en el país con más superficie de selva y, por su variedad de climas y suelos, uno de los dos con más diversidad biológica. Chiapas, además, capta 10 por ciento de la lluvia del país y 30 por ciento del agua que corre por los ríos. Ello es así a pesar de que, desde mediados de los setenta, alrededor de 1.64 millones de hectáreas han sido impactadas —es decir, destruidas— por el cambio de uso de suelo para fomentar la agricultura y la ganadería, dejando estas graves consecuencias: desertificación y pérdida de suelos (de 100 a 150 toneladas de suelos por hectárea por año), disminución de los manantiales de agua (los árboles captan y retienen el agua, como lo hace el cabello en la cabeza: un campo pelón se seca tan rápido como una cabeza calva), disminución de la diversidad biológica en flora y fauna (por la destrucción de sus hábitats), más pobreza y mayor disputa por las áreas arboladas (y en algunos casos por las fuentes de agua) y arrastre y azolve de las presas hidroeléctricas y de riego (entre las que se cuentan algunas de las más importantes de México).

¿Por qué ha sucedido todo esto?

Una de las causas primordiales es la ignorancia, expresada en políticas equivocadas como las que tuvieron auge durante los setenta, como por ejemplo la creación de la llamada Comisión Nacional de Desmonte, con un lema que decía esto: Que solo los caminos queden sin sembrar. La colonización de las selvas, sobre todo, se promovió desde el principio para hacer agricultura y ganadería a costa de su destrucción. Durante años y años, la Banca de Desarrollo financió el desmonte para la siembra de pastos y la cría de ganado. Todavía en el sexenio pasado, hace apenas unos años, Chiapas fue promovido desde el gobierno como el granero del Sureste. Otra de las causas que explican la destrucción son los incendios, a veces accidentales (pues es fácil que el fuego se les vaya a los campesinos que siembran en medio del bosque) y en ocasiones provocados (para hacer avanzar la frontera agrícola). Año con año son devastadas miles de hectáreas por los incendios, minimizados en los informes oficiales y casi nunca castigados, a pesar de que la ley sanciona a quien provoca incendios. Una más de las causas, en fin, es el crecimiento de la población en el campo, que presiona la apertura de nuevas tierras al cultivo en Chiapas. El municipio de Ocosingo, por ejemplo, que comprende la Selva Lacandona, tuvo por décadas el índice de crecimiento de población más alto de México: 7 por ciento anual, lo que significó que en los sesenta, los setenta y aun en los ochenta duplicara su población cada diez años.

¿Qué hacer? Es la pregunta que quiere responder el congreso estatal sobre manejo forestal, que plantea la necesidad de que Chiapas sea un estado forestal, más que el estado ganadero y agrícola que ha sido desde hace décadas. Cito de nuevo la convocatoria: “En el norte del país, un árbol de pino para poder ser aprovechado tarda de 75 a 80 años, en Canadá 100 años y en Chiapas tarda 25 años. Sin embargo, a pesar del incremento del presupuesto para la actividad forestal, la superficie bajo programas de manejo forestal maderable ha disminuido y la industria forestal prácticamente se ha desmantelado, situación que inició a raíz del decreto de veda forestal durante el gobierno de José Patrocinio González Garrido y ha continuado con altibajos en todos estos años; en paralelo, la tala y el comercio ilegal de madera han crecido y se realizan con total impunidad, sobre todo en los Altos y la Selva de Chiapas”. Hay una nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, hay nuevas instituciones como la Conafor, pero todo eso no ha logrado revertir la tendencia a la destrucción de las selvas y los bosques, la pérdida de suelos y manantiales, y la pobreza creciente de los poseedores de esos recursos, que a menudo son indígenas y están entre los más pobres de México. Por eso se han reunido en este encuentro, para buscar una solución a sus problemas. En México lo normal es que la sociedad se organice para pedir al gobierno; esta vez, la sociedad se organiza para actuar. Felicidades.

ctello@milenio.com