Duda razonable

En Veracruz añaden politiquería a la tragedia

La noche del sábado en Veracruz ocurrió una tragedia. Un joven de 25 años fue atropellado por María Josefina Gamboa Torales. Después del siniestro fue ella quien llamó a la Policía y a la Marina para que dieran atención a la víctima. Nadie disputa esos hechos. Deben ser investigados, juzgados, sancionados.

Gamboa Torales es columnista y funcionaria del municipio de Boca del Río, donde el presidente municipal, panista, es uno de los principales adversarios políticos del gobernador priista.

La disputa, porque podría cambiar la dureza del castigo, es si Gamboa iba o no alcoholizada. Ella dice que no. El procurador del estado, Luis Bravo, dijo que él no lo sabe y agregó una barbaridad. Después de informar que Gamboa se había negado a pruebas de sangre y orina dijo: “Yo quiero compartir el artículo 229 del Código Procesal veracruzano, que la negativa y, la Corte ha destacado eso, del indiciado constituye culpabilidad en este tipo de casos, entonces, acaba de darle la razón al gobierno de Veracruz la señora con que admite que se negó”.

Esto dice el 229: “A quien, después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, adquiera, reciba u oculte el producto del mismo, a sabiendas de que provenía de éste o si, de acuerdo con las circunstancias, debía presumir su procedencia ilegítima, así como a quien ayude a otro para los mismos fines, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa hasta de trescientos días de salario...”.

Yo no leo ahí lo que el procurador lee, pero eso no importa, porque sí leo en la Constitución el artículo 20, apartado B. Fragmento fundamental en el nuevo sistema de justicia penal:

“De los derechos de toda persona imputada:

II. a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio…”.

Hablé ayer con investigadores y profesores de derecho. Todos coinciden en que el derecho a la no autoincriminación, es decir, a guardar silencio, incluye la negativa a dar sangre o una muestra de orina.

Porque, señor procurador, ¿si eso no es parte del derecho a no autoincriminarse, qué sí lo es?

María Josefina Gamboa Torales debe someterse al proceso que juzgue y sancione lo que sucedió la noche del sábado.

El gobierno de Duarte no debe agregar politiquería a la tragedia.

CORRECCIÓN

Esta mañana me señalan que el Procurador pudo haberse referido al Código de Procedimientos Penales y no al Penal. Ciertamente ese 229 dice "Respecto del indiciado, las tomas de muestras de sangre, biopsia, exudados, huellas dactilares, palmares o de planta de los pies, filamentos pilosos, impresiones dentales, los estudios de fotografía, radiografía, ultrasonido y antropométricos, así como la poligráfica, podrán realizarse previo consentimiento de aquél. La negativa del indiciado constituye presunción de culpabilidad".

El argumento, sin embargo, no cambia. Ningún código local puede estar por encima de la Constitución. Y el Procurador dijo hace dos días que la negativa "constituía" culpabilidad. Presunción no es certeza. Falta un juez.

dudarazonable@milenio.com

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