Duda razonable

La razón de Tejado y los buenos oficios del juez Silva

De lo mucho que se escribió en los días posteriores a la salida de Carmen Aristegui de MVS, pocas cosas más reveladoras que un par de líneas al final de un texto de Javier Tejado, buen abogado que sabe mucho del tema, en El Universal.

“La CIRT le dijo a todos partidos políticos y dependencias gubernamentales que la radiodifusión era una actividad de interés público, y no de servicio público”. Pero PRI y PRD insistieron. Ahí están las consecuencias.

La protección legal para quienes ejercen el periodismo no es un asunto nuevo. Cláusulas de conciencia y derecho al secreto profesional son parte de las legislaciones de los países democráticos del mundo, en particular en Europa. En otros, como Colombia o Argentina, tiene protecciones laborales superiores a las de otros trabajadores.

La combinación de recientes cambios constitucionales en derechos humanos, telecomunicaciones y amparo, permiten al juez Silva comenzar a construir esa nueva lógica de protección en México.

Cito algunos de sus párrafos: “De un análisis periférico del caso, se obtiene que la terminación anticipada de un contrato entre una empresa de comunicación masiva y una de sus periodistas es un tema exclusivamente contractual…”.

“Una revisión más profunda del caso brinda otros elementos: la libertad de expresión es un derecho humano que, en su contenido esencial, no está sujeto a negociación contractual, es una esfera protegida constitucional e internacionalmente que resulta indisponible para la negociación de las partes en un contrato. La libertad de expresión de una periodista no estaría garantizada en forma adecuada si la empresa concesionaria tuviera plena libertad o la posibilidad contractual para terminar anticipadamente el contrato en forma unilateral sin una justificación objetiva, proporcional y razonable. El particular ejerce funciones de derecho público previstas en el artículo 28 constitucional por tener el carácter de concesionario de un bien y de un servicio público, dentro de un espacio de difusión de interés social (cuya titularidad pertenece al Estado) que se le ha concesionado para obtener ventajas económicas que están condicionadas (según el propio título de concesión y la jurisprudencia constitucional e interamericanal) a que la propia empresa concesionaria garantice la libertad de expresión dentro de ese espacio público”.

Yo, por lo pronto, celebro la argumentación del juez Silva.

Más allá de lo que pase las próximas semanas.

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