El procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, nominado en la terna para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, exhibió ayer uno de esos trazos que definen a nuestra clase política.
Esa capacidad para no asumir responsabilidades ni rendir cuentas.
Dijo ante el Senado sobre su actuación y la de la Procuraduría del Estado de México en Tlatlaya:
“De conformidad con la recomendación de la CNDH, presumiblemente elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la procuraduría mexiquense… El proceso en el lugar de los hechos que hizo la procuraduría estatal fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones”.
El funcionario mexiquense dijo que el 30 de junio de 2014, la procuraduría a su cargo atendió un llamado de militares en el municipio de Tlatlaya y ante la urgencia del caso practicó las diligencias. “Se procesó el lugar de los hechos en los términos que fue hallado y se tomaron entrevistas de los elementos militares, quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado.” Tres días después de los hechos, dijo, la carpeta de investigación se turnó a la PGR por tratarse de hechos en materia de su competencia. Dijo también que otras posibles faltas de su personal se están “procesando por la PGR”.
¡Ah, la memoria de nuestros funcionarios!
En la recomendación 51 de 2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la procuraduría mexiquense merece los párrafos numerados del 308 al 367. Las observaciones de la CNDH incluyen: tortura, amenazas y maltrato a las sobrevivientes, aislamiento de las sobrevivientes sin contacto con abogados o familiares, obtención mediante esos métodos de falsos testimonios; la inadecuada preservación de los hechos, el mal procesamiento de casquillos, sangre y otros materiales como huellas y “vestigios de hechos criminales”. Curiosamente, sus dictámenes, según la CNDH, no apreciaban que hubiera existido alteración de la escena del crimen y las necropsias de los cuerpos, a cargo de la procuraduría mexiquense, estuvieron mal hechas.
Irregularidades, negligencias, son los mejores adjetivos que la CNDH le endosa a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Ahora, por su ambición de ser ministro, nos dice el procurador que todo es culpa del Ejército y que la responsabilidad es de la PGR.
Creo que él solo se ha descalificado.
Twitter: @puigcarlos
