Veo las primeras declaraciones y leo los primeros spots de los candidatos a las gubernaturas que están en juego dentro de unos meses.
Aunque muchos hablan de "seguridad" ninguno parece tener claro cómo. Ninguno, curiosamente, habla de justicia, como si no tuviera que ver.
Ayer escribí sobre algunas de las conclusiones extraídas del amplio estudio que el Imco hizo en Morelos, donde, si bien encontró leves mejorías en el sistema, localizó vacíos enormes en las habilidades, conocimientos y procesos de las autoridades de las que depende la impartición de justicia, sobre todo de los ministerios públicos.
Explica el Imco: "Como consecuencia del principio de contradicción que ahora rige al NSJP, el Ministerio Público perdió la facultad inquisitiva de recabar medios probatorios. Esta facultad provocaba que los jueces concedieran valor probatorio a los elementos de prueba que el Ministerio Público, en calidad de autoridad, había recabado durante la averiguación previa. Lo anterior trastocaba el derecho de los imputados a una defensa, pues con frecuencia los defensores tenían acceso a la averiguación previa hasta después de que el Ministerio Público terminara de construir su acusación. Es decir, los defensores no estaban presentes durante la obtención de los elementos recabados por el Ministerio Público, por lo que no podían repreguntar a testigos o peritos, u objetar cateos, reconocimientos o documentos, lo que ulteriormente provocaba que las pruebas obtenidas ilegalmente tuvieran valor probatorio al dictarse la sentencia".
Ahora, los ministerios públicos, sin la fe pública que antes tenían, necesitan como nunca antes de los policías y peritos. Y estos no ayudan. No están capacitados, no tiene los recursos.
Según las encuestas realizadas por el Imco a ministerios públicos, policías y peritos, la mayoría de ellos no tiene clara su función en el nuevo sistema ni conoce los nuevos protocolos.
El nuevo sistema implica mayor investigación para sustituir las meras afirmaciones de un MP sin vigilancia que han llenado nuestras cárceles de inocentes.
La falta de inversión para capacitar a estos tres actores fundamentales ha provocado que hoy, frente al juez, se presenten dos narrativas, la del acusador y la del acusado, con pocas pruebas. Puras declaraciones.
La solución no es cambiar la ley, como quieren algunos, sino, por fin, implementar en serio el sistema.
Esa es la pregunta que deberían responder los candidatos. La de la justicia.
Twitter: @puigcarlos
