Enrique Peña Nieto hizo campaña y ganó una elección cuando el país estaba en medio de una crisis de violencia y derechos humanos como la que no había visto en un siglo.
El sexenio de Calderón quedó marcado para siempre por el número de muertes provocadas por la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Aunque dentro de los compromisos del Pacto por México había un capítulo dedicado a la seguridad, no hubo agenda legislativa del tema en los primeros años del sexenio y no la hubiera habido si no es por la explosión de violencia y el caso Iguala.
De la misma manera, hubo una especie de amnistía tácita para todas las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos del sexenio de Calderón.
En los hechos, sucedieron tres cosas: la estrategia del silencio, si no hablamos de la violencia, igual y desaparece. La concentración de la Secretaría de Seguridad Pública en Gobernación. Y la creación de una Subsecreatría de Prevención que para efectos prácticos hoy ya no existe. Tiene cero presupuesto.
Los resultados están a la vista.
Cito del Reporte Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado estadunidense dado a conocer hace unos días.
“Los problemas más importantes relacionados con los derechos humanos incluían (en 2016) la participación de la policía y los militares en abusos graves, como los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones. La impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial seguían siendo problemas graves. Grupos criminales organizados mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos.
“Los siguientes problemas adicionales persistieron: las malas condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarios; intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; violencia contra los migrantes; la violencia contra las mujeres; violencia doméstica; abuso de personas con discapacidades; amenazas y violencia contra algunos miembros de la población indígena; amenazas contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); trata de personas, y el trabajo infantil, incluido el trabajo forzoso de los niños.
“La impunidad por los abusos contra los derechos humanos seguía siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de juicio para todas las formas de delitos”.
Así, a 18 meses del fin de este gobierno.
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