Duda razonable

La necesaria reforma “Chuayffet”

No es nuevo, pero sigue siendo igual de importante, lo que ayer le dijo el secretario de Educación Pública a los legisladores durante su comparecencia.

La idea de que la reforma educativa quedó de alguna manera incompleta por la sobrevivencia del Acuerdo de 1992, firmado por los gobernadores con el entonces Presidente de la República que federalizó la educación y que hoy se vuelve un obstáculo para la implementación completa de la reforma reciente.

Así me lo explicó Chuayffet en febrero de este año en En15. “Se trata de conciliar las leyes de septiembre del 2013 con un nuevo planteamiento de federalismo educativo que yo creo se debe basar en el federalismo cooperativo alemán, que es distribuir responsabilidades y controles en las dos partes. Es necesario revisar el acuerdo de mayo de 1992; mientras lo tengamos en sus términos yo tengo que pagar la nómina al número de maestros que manden secretarías o institutos locales”.

Me dijo que este planteamiento lo había “elevado al Presidente de la República para que en algunas de las reuniones de la Conago se pueda ventilar un nuevo acuerdo de federalización o modernización de la organización federal de la educación en México”.

Esto dice aquel acuerdo: “Cada gobierno estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, sustituirá al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal. Asimismo, los gobiernos estatales, por conducto de su autoridad competente, reconocerán y proveerán lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales de los trabajadores antes mencionados. Los gobiernos estatales garantizan que los citados derechos laborales serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda obligado con la responsabilidad solidaria en los términos de ley…”

Es decir, nuestro complicado y muy defectuoso arreglo federal, que afecta tantos temas —seguridad, impuestos, salud…— hace que también en el asunto de la educación se diluyan responsabilidades y se obstaculicen acciones y programas.

Una revisión de la discusión pública de estos meses lo deja claro: ¿de quién es la responsabilidad de lo que pasa con la CNTE? ¿De la SEP? ¿De los gobernadores? ¿De Gobernación? De todos y por lo tanto de ninguno. Ahí el problema.

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