Duda razonable

12 millones y medio de pesos para los asesinos de Iguala

El 25 de mayo de este año, el Diario Oficial de la Federación publicó el “Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (Subsemun), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Guerrero y los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta”.

Ahí se señala que se le entregarán a Iguala 10 millones de pesos de recursos federales y dos y medio millones de pesos de recursos estatales. Firmaron entre otros, el entonces titular del Secretariado Ejecutivo, Monte Alejandro Rubido; el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y por supuesto, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Unos días antes, Guerrero había recibido del gobierno federal, con un convenio similar pero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 235 millones, 902 mil cien pesos.

Subsemun y FASP, las dos herramientas con que la Federación paga la mayor parte de la seguridad pública de municipios y estados, son también dos de los fondos gubernamentales más opacos en México.

Hace poco, la organización Causa en Común hizo públicos algunos ejemplos detectados por la Auditoría Superior de la Federación:

En Baja California no se pudo demostrar en qué se gastaron 145 millones 977 mil 300 pesos, sin que se hubieran iniciado procedimientos para encontrar a los responsables de dicha irregularidad en 2009.

En Veracruz desaparecieron de la cuenta bancaria del fondo 122 millones 162 mil 400 pesos, durante 2010

En Michoacán, no se demostró dónde se aplicaron 238 millones 728 mil pesos durante 2011.

La propia Auditoría Superior, en un informe de 2013 sobre gasto federalizado, señaló la mala ejecución, falta de transparencia y, en general, desorden de ambos fondos.

¿Por qué si ya había denuncias en su contra se le dieron esos millones a Abarca? ¿Dónde quedaron esos millones? ¿Dónde quedaron las cantidades similares que se le dieron en otros años? ¿Quién le pidió y a quién le rindió cuentas?

Una vez más: ¿por qué la mucha coordinación de los muy coordinados no hizo algo al respecto?

 

dudarazonable@milenio.com 

Twitter: @puigcarlos