Desde hace unos meses, la discusión sobre seguridad pública se ha centrado en las iniciativas que sobre Seguridad Interior se han presentado en el Legislativo para dar marco legal a las fuerzas armadas del país en su labor de combate a la delincuencia a lo largo y ancho del país.
Mientras tanto, la violencia crece.
El último informe de Lantia Consultores, que lleva muchos años haciendo el inventario de homicidios relacionados con la delincuencia organizada es más que preocupante:
“Al comparar el nivel de violencia de enero de 2016 (829) con el de enero de 2017 (mil 387) se observa un aumento de 67.3%. El nivel de violencia registrado en enero de 2017 es el más alto en los últimos 50 meses (desde diciembre de 2012). Con base en el promedio mensual de
los últimos seis meses, se estima que 2017 podría finalizar con 14 mil 236 ejecuciones”.
Esa cifra nos pondría por encima del 2012 y muy cerca del 2011, el peor año del terrible sexenio calderonista. Las ganancias de los primeros años de este sexenio se han esfumado.
En este mismo lapso, la principal nueva estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto, enmarcada en el Programa Nacional de Prevención del Delito, para la que se creó hasta una subsecretaría, fue abandonada para este año cuando se le borró del presupuesto.
Nada, sin embargo, señala que la estrategia, tal y como fue aplicada, haya tenido el impacto deseado. Como lo señalan José Merino y Carolina Torreblanca en un largo y documentado artículo en Nexos (http://parentesis.nexos.com.mx/?p=76).
“La pertenencia (de un municipio) al programa parece no haber alterado la tendencia de tasa de averiguaciones previas por homicidios dolosos con arma de fuego. Si bien vemos un decrecimiento entre 2013 y 2014 para los municipios dentro del programa, es claro que esta tendencia venía ocurriendo desde 2011 y fue seguida de un resurgimiento de homicidios en 2015. Aunque el alza en tasas de homicidios no dejó exentos a los municipios en Pronapred, los municipios nunca incorporados jugaron un papel importante en el repunte, elevando sus tasas de homicidios con arma de fuego de manera notoria a partir de 2015”.
Se acaban de cumplir diez años del inicio de una estrategia que, según todos los indicadores, no ha funcionado. Que nadie se engañe, una nueva ley que legalice lo que hoy sucede, tampoco funcionará. Es una puerta falsa. Una más.
Twitter: @puigcarlos
