Duda razonable

La fórmula (política) de Calderón contra el crimen

El principal aporte de la investigación de Guillermo Trejo y Sandra Ley que se publica en la revista Política y Gobierno, a la que me referí ayer, es que la disparidad en el escalamiento de la violencia criminal en el país a partir, sobre todo, de 2008, no fue un asunto de falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sino que tuvo un claro tinte político, con dedicatoria para el PRD.

¿Por qué en municipios con gobernadores perredistas la violencia aumentó 162 por ciento más que donde gobernaban panistas?

Dicen los investigadores: “Si el argumento de la coordinación tuviera razón en afirmar que la intensificación de la violencia fue resultado de la fragmentación partidista —sin importar qué partido gobernaba a nivel subnacional—, deberíamos esperar que los dos casos en los que el poder estaba más fragmentado verticalmente (PAN en la Presidencia, PRI en la gubernatura, PRD en el municipio y PAN-PRD-PRI) experimentarían niveles análogos de violencia criminal. Sin embargo, no fue así: el caso PAN-PRD-PRI, con un gobernador de izquierda, arroja casi nueve veces más violencia criminal que el caso PAN-PRI-PRD, con un gobernador del PRI”.

Y sugieren la razón, con base en los datos que analizaron: “En estados de derecha, los gobiernos federales protegieron a los alcaldes de ataques criminales y los ayudaron a purgar sus fuerzas policiales; coordinaron operaciones entre el Ejército y la Policía Federal con los funcionarios y las policías locales, y compartieron información de inteligencia; removieron de sus puestos a copartidarios corruptos, pero no los enjuiciaron ni los expusieron públicamente, y trabajaron junto con los alcaldes para brindar bienes y servicios públicos en municipios donde los carteles reclutaban jóvenes pandilleros…”.

“En estados de izquierda, las autoridades federales diseñaron unilateralmente intervenciones militares y policiales sin compartir información con los gobernadores y alcaldes; enjuiciaron a funcionarios locales y los expusieron en medios nacionales como corruptos e ineptos, incluso sin tener pruebas concluyentes y sin haber un juicio de por medio; se negaron a brindar protección a alcaldes izquierdistas y a su personal que enfrentaban amenazas criminales; y optaron por no promover ninguna intervención de política social significativa”.

Mañana, algunos casos específicos y las posibles consecuencias de lo que revela la investigación.

 

Twitter: @puigcarlos