Ayer, en una conversación on background, es decir, para citar sin atribución específica, un “alto funcionario de la administración Trump”, que después The New York Times identificó como Trump mismo, dijo que el presidente de Estados Unidos “estaba abierto” a una nueva reforma migratoria que regularizara, sin dar ciudadanía, a aquellos inmigrantes sin documentos que no hayan cometido delitos mayores.
Primero: esto no es nuevo. Se lo dijo a un grupo de senadores de ambos partidos el 9 de febrero.
Es más, aquel día, el vocero aclaró después que el presidente había dicho que le era inaceptable la propuesta de 2013, conocida como el proyecto del Grupo de los Ocho, porque según él incluía una amnistía. Pero que les había dicho a los legisladores que si estaban dispuestos a trabajar en un proyecto bipartidista que produjera una iniciativa con el apoyo de todos, él “estaría encantado de verla”.
Segundo, llevamos décadas en intentos de una nueva reforma migratoria que pudiera regularizar a los millones que hoy no tienen papeles. No hay presidente de Estados Unidos que no lo haya intentado desde Bill Clinton. Y todos acaban, con tal de procurar la buena voluntad en el Congreso, endureciendo la frontera y las medidas punitivas, sin nada a cambio. La geografía política del Legislativo ha hecho imposible cualquier solución racional.
Tercero, una reforma migratoria que no incluyera, y esto es un punto clave, que todo aquel que quiera legalizarse tiene primero que salir del país para iniciar el proceso, irían contra todo lo que dijo Trump en la campaña, de lo que anima a buena parte de su base electoral, de su apoyo en el partido en las facciones más duras, pero más leales dentro de los republicanos. Basta ver lo que sucedió en la Convención Conservadora la semana pasada: un festival antimigración.
De hecho, hace unos días la prensa estadunidense reportó que, por aquella conversación del 9 de febrero, los grupos antiinmigrantes más duros de Estados Unidos habían comenzado una campaña “denunciando” algún tipo de traición de Trump a sus votantes.
Cuarto, como dice Luis Videgaray, los hechos son los hechos. La orden ejecutiva y los subsecuentes lineamientos siguen ahí. Son la norma. El concepto de “criminal” sigue siendo tan amplio como lo determine un policía. Las deportaciones vienen.
Que nadie se emocione demasiado.
Twitter: @puigcarlos
