Duda razonable

Iguala: la investigación que falta

Ayer el procurador Murillo dijo que las detenciones, las declaraciones, los peritajes, los estudios, los cateos y las muchas diligencias realizadas desde octubre del año pasado “permiten realizar un análisis lógico-causal para determinar que los normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales, basados en las pruebas aportadas por la ciencia, como se demuestra en el expediente”.

Creo que la investigación penal ha terminado. Creo que hay suficientes elementos para configurar los delitos cometidos y que solo queda atrapar a los que quedan culpables. Es la verdad histórica, dice Murillo. El procurador ha cumplido.

Pero creo también que es la hora de que otro órgano del Estado mexicano, no sé si la CNDH, la Suprema Corte, el Congreso, haga otra investigación. Una que sin las ataduras y forzosas limitaciones del proceso penal responda a preguntas fundamentales que hoy nos impiden entender en su cabal dimensión lo sucedido.

Una investigación que arranque con estas preguntas.

¿Cómo es que llegó Abarca a la Presidencia Municipal?

¿Cómo se mantuvo ahí a pesar de una acusación de homicidio?

¿Por qué los informes del Cisen —publicados en estas páginas— en que se discutía a Abarca y sus ligas con el crimen nunca se tradujeron en actos del gobierno?

¿Qué paso en la Seido cuando en marzo de ese año recibió el expediente de Abarca asesino?

¿Qué sabían los militares, que en Iguala tienen cuartel, de las complicidades de Abarca con el crimen?

¿Cómo es que Subsemun siguió dando dinero a una policía propiedad del narco?

¿Es cierto que en el grupo de coordinación Guerrero se discutió hace meses la complicidad de Abarca con el narco?

¿Hubo algún cálculo político?

¿Quién decidió ignorar los siete tomos de investigación de la Fiscalía de Guerrero sobre los actos delictivos de Abarca?

¿Quién en el Congreso de Guerrero impidió su desafuero a mediados del año pasado?

¿Qué políticas públicas obligan a los normalistas a presionar cada año por migajas de presupuesto?

¿Cómo es que el asunto de Ayotzinapa es un eterno pendiente de la agenda pública?

¿Cómo llegamos a que 43 muchachos fueran asesinados así?

dudarazonable@milenio.com 

Twitter: @puigcarlos