Duda razonable

Gobierno y CNTE: lo penal acaba la política

Escribía yo hace unos días, sobre otro hecho noticioso, que a este gobierno no le salen bien ni las cosas que hace bien.

La cúpula de la sección 22 lleva enriqueciéndose y utilizando el dinero para la educación en otras cosas que nada tienen que ver con su destino legal y legítimo desde hace años. Y lo sabía este gobierno al menos desde hace un año, cuando le congeló las cuentas bancarias a los líderes y al sindicato.

Desde aquella noche de Guelaguetza, el gobierno tenía lista la estrategia penal como instrumento de presión, un as bajo la manga para las negociaciones.

Los delitos por los que ahora se ha detenido al líder y al secretario de organización son de hace más de un año. La orden de aprehensión contra Rubén Nuñez fue otorgada el 14 de abril, según me dijo ayer el subprocurador Gilberto Higuera.

Y no es que la Policía Federal y la PGR no supieran dónde estaba en estos días. Es más, lo tuvieron cerca en varias marchas.

¿Cómo no pensar que hubo una manipulación política? ¿Qué se negoció, con esas órdenes en la mano, frente a las movilizaciones de la 22?

Me dijo Higuera ayer:

“No fue una estrategia política por dos razones: la primera es que la Procuraduría General de la República no hace política, no tiene como función hacer política; la segunda es que nuestro trabajo es estratégico, lamento que pueda formarse una percepción de ese tipo, pero en la procuraduría no tenemos ese tipo de cálculo ni de visiones. Fue un cálculo de operación legal para tener éxito en las acusaciones.

“Como también la tienen las defensas de los imputados, también nosotros tenemos nuestras propias estrategias. Por ejemplo, con varios acusados de un mismo hecho pretenderíamos ejecutar una a una (las órdenes de aprehensión) para ir conociendo el resultado jurídico e ir consolidando la siguiente”.

El secretario de Gobernación dijo en la mañana con Adela Micha algo similar: “Las detenciones de Núñez y Villalobos es un tema que no tiene nada que ver con el tema magisterial, es un tema de desviación de recursos que está acreditado o están acreditando con la PGR”.

Yo tengo mínimas dudas de que los líderes de la 22 hayan cometido esas y otras ilegalidades. No tengo duda de que el gobierno ha utilizado políticamente la aplicación de la justicia.

El gobierno se ha gastado una carta poderosísima. De aquí para adelante no hay muchas opciones para ninguna de las dos partes.

Twitter: @puigcarlos