Duda razonable

¿Crisis de derechos humanos? ¿Cuál? ¿Dónde?

Fue inédita la manera en que el gobierno de Enrique Peña Nieto contestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de que se publicara el más reciente informe de esta organización sobre la situación de los derechos humanos en México con un comunicado firmado por la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.

En uno de sus párrafos, el comunicado dice: “Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten. Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH —que hoy se retoman en el informe— se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”.

El gobierno sigue metido en esa extraña paradoja en la que acepta e invita a organismos internacionales a hacer su labor y luego les sorraja una andanada de descalificaciones.

Lo que no queda claro es cuál es el objetivo de tal reacción. ¿Para qué la bronca?

El informe reconoce avances legislativos en la materia, pero señala: “Sin  perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias  y obstáculos en su implementación. La CIDH constató  una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y  judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de  personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de  justicia es una ‘simulación’”.

Alguien podría en serio objetar esa afirmación. No el mismo gobierno tiene diagnósticos sobre lo que sucede con la justicia cotidiana, por ejemplo.

La pregunta es si no se dan cuenta de que al negar la realidad con tanta estridencia, lo que sucede con policías, jueces, soldados y ministerios públicos a lo largo y ancho del país es que se ven incentivados a no cambiar, después de todo, tres secretarías de Estado les dicen que aquí, no hay problema.

 

Twitter: @puigcarlos