Duda razonable

Ayotzinapa: lo que sigue no debe ser complicado

Se ha cerrado un mes que, como se anticipaba, fue intenso en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace un año en Iguala y los problemas de la investigación subsecuente.

Inició con el informe del Grupo de Expertos Independientes, que incluye un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula, y siguió con la captura de El Gil; un nuevo reporte del laboratorio de Innsbruck, que da alguna probabilidad de haber encontrado los restos de otro de los muchachos; el encuentro de los padres y madres de los desaparecidos con el presidente Peña Nieto y la marcha del sábado pasado.

Coincido con lo que me dijo el miércoles Mario Patrón, que lo sucedido ha abierto un espacio de oportunidad para las partes que empieza a resolver el entuerto político, social y judicial en el que nos encontramos.

Creo que las exigencias de padres y organizaciones tienen dos vertientes que, pienso, hay que tratar de manera diferenciada. Por un lado están los problemas estructurales, de larga vida en el país en relación al sistema de justicia, atención a víctimas, respeto a los derechos humanos y otras.

Pero creo que la urgencia debe estar en el evento de Iguala, y el punto tres de las exigencias de los padres presentadas al Presidente la resume bien:

"3. La creación de una unidad especial de investigación que tenga dos instancias: una que se encargue de buscar a los normalistas desaparecidos, mientras que la otra indagaría las presuntas irregularidades que se cometieron durante la investigación del caso".

A una semana de la reunión la Procuraduría no ha dado una respuesta formal a la petición. Pero el camino no es único, y hay una experiencia que hace pensar que puede ser exitosa. Me refiero a la Fiscalía Especial del caso Colosio, que encabezó Luis Raúl González Pérez después del cochinero de Pablo Chapa. No creo que lo de la PGR en Iguala tenga las trampas de aquello, pero ciertamente hay un desaseo monumental.

Una fiscalía especial, con recursos propios, dependiente de la procuradora, con la fuerza de la ley, encabezada por un fiscal acordado entre gobierno y padres de familia, podría dar salida a las múltiples interrogantes del caso. Es cierto también que tiene que ser separada de la Seido, porque no parece posible que ambas se desmientan a sí mismas.

No es difícil. Se ha hecho y una vez no salió mal.

Nada sería peor que el que este agitado septiembre no terminara en algún resultado concreto que muestre voluntad. El palabrerío ya no alcanza.

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