Entre las varias maneras de leer el informe del grupo de expertos de la CIDH hay una que me parece que sería la que debería de ganar la atención de las autoridades mexicanas involucradas en la transformación del sistema de justicia penal mexicano, que el próximo año será acusatorio y oral, en el que la calidad de la investigación está en el centro de su éxito o fracaso.
Algunas de las reacciones al informe, conversaciones con colegas y con funcionarios parecen asumir el desastre descrito como normal. Estamos acostumbrados al desaseo, la falta de rigor, las confesiones como prueba reina sin importar lo que en éstas se diga. Hay un déficit en las investigaciones, en todas, que se refleja en nuestros índices de impunidad. Ministerios Públicos e investigadores inundados de expedientes que nunca se investigan. Jueces que no leen las acusaciones, cárceles con más procesados que sentenciados.
Nada es nuevo, pero la mirada del GIEI debería sacudir.
Este fue el caso más importante para la PGR en el último año. Un caso que afectó seriamente la imagen del Presidente de la República y su gobierno en México y todo el mundo. Se nos ha dicho una y otra vez que el procurador Murillo se dedicó personalmente a este asunto, que no dormía, que arriesgó su salud por esto.
Pues si ni en este caso se pudieron hacer las cosas mejor, ¿qué podemos esperar en otros? ¿Qué podemos esperar de procuradurías locales —con menos recursos, más politizadas— en su trabajo cotidiano?
Solo un ejemplo: la noche más triste está judicialmente dispersa en 14 causas penales en ocho juzgados de distintas ciudades del país (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Querétaro y Jalisco). Los presuntos responsables están en prisiones de otras ciudades (Tepic, Jalisco, Altiplano).
¿Cómo arma un fiscal una acusación congruente? ¿Cómo puede entenderla un juez entre una decena? ¿Cómo se defienden los acusados?
Esos son problemas estructurales, modos de actuar rutinarios de nuestro aparato de impartición de justicia que lo muestra ineficaz por rebasado, inútil. Llegar así a junio del año próximo, es la receta para el desastre.
Será por eso, por cierto, que aún no conocemos con precisión ni se ha hecho justicia sobre los hechos en Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato. Solo por recordar los más recientes.
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