Duda razonable

Ayotzinapa y la agonía de la PGR

Pocas semanas después de que llegara a la PGR, Jesús Murillo Karam fue a En15 para una entrevista.

La nota de aquella conversación fue que a mi pregunta de cómo encontraba la procuraduría, el nuevo titular dijo que estaba devastada. Unos días antes había dicho que la encontraba desmantelada.

No le faltaba razón al recién llegado procurador. El sexenio calderonista había sido fatal para la institución presa de intereses políticos y plagada de ineficiencias estructurales —basta recordar el llamado michoacanazo—. Además se había vivido la guerra sórdida entre el secretario de Seguridad Pública y los tres titulares de la PGR.

Poco más de tres años después, no está claro que aquella condición haya cambiado. En parte por la desconfianza de Murillo hacia muchos de los colaboradores de la institución, en parte por la decisión de algún día convertirla en fiscalía autónoma, en parte porque en el último año ha sido absorbida por el caso Iguala; la remodelación institucional se dejó para otro tiempo. Han pasado y pasado subprocuradores y subprocuradoras —los verdaderos operadores de la institución— y poco ha cambiado.

Los reportes del GIEI, sobre todo el más reciente, dan cuenta de la magnitud del desastre institucional y sería un error pensar que solo tiene que ver con este caso. Al contrario, si en éste sucedió lo que sucedió: tortura, diligencias fuera del expediente que ponen en riesgo el juicio de presuntos culpables, disputas entre diferentes áreas, influencia de actores políticos en fiscales…la lista puede ser inagotable, ¿cómo les irá a los demás asuntos?

¿Cuánto ha cambiado esta procuraduría de aquella que destruyeron las ocurrencias de Pablo Chapa?

Me decía ayer Ángela Buitrago, integrante del GIEI, “en la PGR hay presiones, discrepancias muy fuertes y ruedas sueltas muy poderosas”.

Creo que como hace unos años Murillo también tiene razón.

Y todo esto sucede en medio del cambio de paradigma que significará la entrada en vigor en unas semanas del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo podrán estos mismos operadores hacer las cosas de otra manera?

¿Cómo se reforma una institución de esa importancia, tan deteriorada, tan acostumbrada a esos “usos y costumbres”, por decirles de alguna manera?

El cambio de nombre no será suficiente.

Twitter: @puigcarlos