Columna Invitada

Suprema Corte de Justicia y los derechos humanos

La experiencia nacional fue usada para elaborar un Protocolo Iberoamericano único de actuación para que todos los jueces de la región atiendan asuntos que involucren a grupos en situación de vulnerabilidad, partiendo de los mismos presupuestos.

A lo largo de los últimos años, nuestra Constitución ha sido sujeta a un intenso proceso de reforma que, guiado por el contexto general de lectura y aplicación que exige el artículo primero, en particular el principio pro persona, no puede sino considerarse notable. Todas las leyes deben leerse y aplicarse por todas las autoridades con la premisa de que siempre debe preferirse aquella interpretación, aquel curso de acción, que más proteja los derechos de los individuos.

En ese contexto, a lo largo de los últimos tres años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido realizando un trabajo constante, relevante y sin precedentes en materia de derechos humanos en favor de nuestro país. 

Fiel a su historia, discretamente, sin aspavientos, ejerciendo las facultades constitucionales y legales que le competen, la Corte ha emitido resoluciones cuya importancia futura apenas puede entreverse y ha emitido estándares y buenas prácticas, que son ya un referente a escala mundial.

En los últimos tres años, la Suprema Corte ha aceptado la competencia contenciosa y la obligatoriedad de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana para el caso mexicano; ha definido que los derechos humanos de fuente constitucional y los de fuente internacional tienen la misma jerarquía; ha determinado restricciones reales para el uso del arraigo; ha marcado nuevas directrices constitucionales que, en los hechos, acotan el fuero militar y revaloran el principio de presunción de inocencia, como parte esencial del debido proceso, piedra angular de nuestro régimen constitucional. Éstas, entre otras decisiones relevantes tomadas por la Corte, comienzan a delinear los rasgos distintivos de la Décima Época jurisprudencial, denominada, con razón, la época de los derechos humanos.

El trabajo realizado es parte del esfuerzo del Poder Judicial de la Federación en su conjunto por aplicar las importantes reformas constitucionales de 2011, pero también anticipa las exigencias que, para la institución, generará la entrada en vigor de las reformas constitucionales y legales pendientes, en especial, la de justicia penal. La Corte ha enfatizado en la necesidad de que los impartidores de justicia se entiendan a sí mismos como los defensores últimos de los derechos de las personas, como los encargados de dar efectividad al sistema de reparaciones a las violaciones a derechos, consagrado por nuestra ley máxima.

Para la Suprema Corte losdDerechos humanos no son una modita pasajera. El máximo tribunal del país se ha tomado muy en serio la aplicación y consolidación de la reforma constitucional de 2011 hacia el futuro.

Sin embargo, quizás la mayor virtud del trabajo de la Suprema Corte en este tema ha sido la de contribuir a explicar a la sociedad que respetar y proteger los derechos humanos nos conviene a todos, pues los mismos no solo tienen que ver con las cárceles, con las policías o con el combate a la delincuencia organizada. Las víctimas de violaciones a derechos humanos existen más allá de los códigos penales. 

Bajo ese ánimo, a través del trabajo permanente de apoyo a la actividad jurisdiccional, la Corte ha completado una serie de proyectos que intentan poner a disposición de los juzgadores, pero también de cualquier interesado, información accesible, ordenada, sistematizada y confiable que permita a todos los operadores jurídicos contar con un piso común, con un entendimiento mínimo compartido en materia de derechos humanos, lo que facilitará el movimiento colectivo que la reforma de derechos humanos reclama.

Así, la Suprema Corte ha publicado una serie de protocolos de actuación que contienen la información más relevante que no solo cualquier juzgador, sino cualquier participante en el proceso judicial debe conocer. La experiencia nacional ha resultado tan positiva que fue usada para elaborar un Protocolo Iberoamericano único de actuación para que todos los jueces de la región atiendan asuntos que involucren a grupos en situación de vulnerabilidad, partiendo de los mismos presupuestos. El protocolo fue aprobado por unanimidad por los 23 países integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana.  Los documentos son de acceso libre y pueden descargarse de la página de internet de la Suprema Corte (www.supremacorte.gob.mx).

Con el mismo ánimo, la Suprema Corte, en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, produjo un instrumento informático denominado Buscador Jurídico en Derechos Humanos, que contiene todo el acervo jurisprudencial en materia de derechos humanos de México, pues además de los más de 30 mil conceptos jurisprudenciales desarrollados por la Corte de San José, el Buscador ya integra la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por el Poder Judicial de la Federación durante la Décima Época. A este esfuerzo ya se han sumado la Organización de las Naciones Unidas, así como las cortes supremas de Perú y Colombia, con los que se aspira a construir el repositorio de jurisprudencia en materia de derechos humanos más importante y amigable a escala regional.

El compromiso de la Suprema Corte con los derechos humanos ha sido tal que incluso se creó, por primera vez en los casi 200 años de historia de la institución y bajo las órdenes directas del ministro presidente, una oficina especializada en derechos humanos.

La relevancia de estas acciones ha sido ya reconocida tanto dentro como fuera del país. Nuestro máximo tribunal ha recibido el reconocimiento de la Corte Interamericana como un ejemplo regional en la construcción del diálogo jurisprudencial, indispensable para blindar el correcto funcionamiento del sistema interamericano de protección; recibió el prestigiosísimo premio de  Naciones Unidas en materia de derechos humanos en 2013 y, recientemente, un emotivo homenaje de la Universidad Nacional Autónoma de México por la misma razón.

Tal como sucede con el trabajo de cualquier otro tribunal, el de la Suprema Corte no busca generar el aplauso de las multitudes, el reconocimiento “del respetable”. El trabajo de cualquier tribunal, por su propia naturaleza, nunca satisface a todos.

Sin embargo, lo que resulta innegable es que la Corte ha venido demostrando, por medio de un trabajo decidido, orientado por una correcta planificación y bajo el más estricto escrutinio, el enorme potencial transformador que las instituciones pueden tener en beneficio de las personas.

Cuando ese poder transformador se usa para fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos, de los que todos somos titulares, nadie puede resultar perjudicado, pues proteger los derechos humanos significa apostar por la paz. Por eso, no hacerlo, permitir que las instituciones no desdoblen su potencial protector de los derechos, mantenerlas silentes, aletargadas, inactivas, desperdiciadas, en suma, en este tema,  resulta inexplicable, abiertamente injustificado y peligroso para todos los integrantes de la sociedad.

*Coordinador de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación
@carpervar