Miscelánea Política

Y… ¡yo tenía la razón!

En otro espacio, realicé un análisis técnico jurídico afirmando si se trataba de una campaña anticipada o legítima difusión de las medidas tomadas por parte del INE en contra de RMV por la presunta promoción personalizada y actos anticipados de campaña atribuibles al gobernador del estado. Al respecto afirmé:

"...A mi parecer lo dicho por Rafael Moreno Valle se encuentra dentro de sus facultades y debe decirse que realizó manifestaciones que encuadran en el derecho constitucional a la información, porque la información y promoción del Estado de Puebla constituye por el titular del ejecutivo la difusión de hechos relevantes para la toma de decisiones en una sociedad democrática, que por ser de contenido político, debe ser objeto de la máxima protección otorgada por el artículo 6, de la Constitución General de la República, pues reúne el requisito de ser de interés público..."

Expresé también que:

"...En tanto corresponde al ejecutivo de un estado promover al Estado que Gobierna y colocarlo en el ámbito de interés de inversionistas, connacionales y ante la opinión pública de otros estados conforme a lo dispuesto por los artículos 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, 79 fracción I, XXXIII y XXXVI de la Constitución Política del Estado de Puebla y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

"XXXIII.- Promover cuanto fuere necesario para el progreso económico y social del Estado."

Por lo que en el contexto político-electoral del presente caso debe aumentar la tolerancia frente al ejercicio de la libertad de expresión, pues si bien la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado constitucional de derecho que tienen una doble faceta: por un lado, en su dimensión individual aseguran a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual, espacios que deben ser respetados y protegidos por el Estado; y por otro, en cuanto a su dimensión social, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa..."

Dentro de mis asertos me referí a que:

"...La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 prevé: Articulo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión .1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Para finalizar cabe reflexionar que, Rafael no es precandidato, por mucho que aspire, in pectore; al respecto es conveniente transcribir el artículo 3 de la Ley Electoral Federal con sus incisos a) y b):

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

La pregunta surge, ¿el actual gobernador es "aspirante"? La respuesta está en el artículo 369 que previene:

Artículo 369. A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. Entonces, ¿quién tiene la razón?..."

El sábado pasado, tuve conocimiento de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, revocó las medidas tomadas en contra del gobernador saliente concediéndole la razón los magistrados que integran ese cuerpo colegiado al determinar que el Instituto no tiene facultades para emitir esas medidas preventivas que se dirigen a restringir la libertad de expresión hacia el futuro; se destaca la importancia de los medios de comunicación y su derecho a presentar ante sus gobernados y en general a la ciudadanía hechos o acontecimientos que consideran relevantes, así como adoptar posturas informativas de opinión, susceptibles de poner en entredicho los acontecimientos ocurridos en la agenda política, económica, social, y resaltar datos o información relacionada con servidores públicos.

En efecto, en la primera parte de mi entrega, transcribí los artículos 6 de la CPEUM, así como los artículos 2 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 116 de la CPEUM, 70, 79 fracción I, 33 y 36 de la Constitución Política del el Estado de Puebla, 2 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, también me referí al hecho de que Rafael no tenía la calidad (desde el punto de vista legal) de aspirante; que no había actos anticipados de precampaña ni de campaña, citando el artículo 3 de la ley electoral federal, así como el artículo 369 del mismo ordenamiento legal que concede razón a mis afirmaciones las cuales fueron no solo polémicas sino contradichas por algunos juristas de baja estofa que me recriminaron por concederle la razón al gobernador RMV inconforme, así que ¿quién tenía la razón?

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