Sin pedir audiencia

La puerta de Alcalá

El ex consejero electoral Juan Alcalá Dueñas, abrió desde septiembre de 2015 una complicada puerta que incluye un sinuoso camino en busca de conseguir una indemnización que rondaría los cinco millones de pesos.

Afectado por las reformas electorales que desmantelaron al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado, Alcalá formó parte del grupo que decidió recurrir a la justicia para exigir el finiquito por haber concluido el encargo en forma anticipada.

La demanda para reclamar el pago de la indemnización por la conclusión anticipada, fue presentada el 25 de septiembre de 2015 contra el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; contra el Congreso del Estado; contra las comisiones de Asuntos Electorales, Puntos Constitucionales y de Hacienda; contra Pensiones del Estado; contra la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Mediante oficio SEPAF/DGJ/DC/OFS/2543/2015 de fecha dieciséis de octubre de 2015, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco dio respuesta a la solicitud formulada por el demandante, en el sentido de negar las prestaciones reclamadas.

Juan Alcalá Dueñas presentó entonces el juicio ciudadano local JDC-5989/2015 ante el Tribunal Electoral del Estado para reclamar los hechos, pero el tribunal rechazó también su demanda el 27 de noviembre de 2015.

El ex consejero electoral decidió recurrir a un amparo y presentó demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional con sede en Guadalajara el tres de diciembre del 2015.

El expediente, SUP-JDC-4373/2015, fue promovido para impugnar la omisión en que habrían incurrido las autoridades estatales al violentar los derechos político y electorales de Juan Alcalá y fue llevado hasta un tribunal superior tras ser rechazado por el tribunal de Jalisco.

La sala superior finalmente emitió el acuerdo de competencia SUP-JDC-4524/2015 en el que resuelve que es competente para conocer el fondo de la controversia relacionada con la omisión de responder la solicitud del actor, atribuida al Congreso del Estado de Jalisco, porque la defensa de derechos político-electorales relacionados con el desempeño del cargo de Consejero de un órgano electoral local no se encuentra expresamente prevista en la legislación aplicable.

Este martes el Congreso del Estado rechazó turnar a la comisión de asuntos electorales el trámite que le requería el Tribunal Electoral, argumentando que no tiene competencia para resolver la indemnización que le reclaman.

Juan Alcalá Dueñas tiene además otros dos procesos de amparo contra distintas instancias para conseguir que se le indemnice por haber concluido anticipadamente su función de consejero electoral que terminaba el 31 de mayo de 2016.

Los veinte meses que le faltaron para concluir el encargo, representarían –-con todo y sus prestaciones--, una indemnización de entre cuatro y medio y cinco millones de pesos.

Varios ex magistrados electorales que también reclamaban una indemnización que en conjunto alcanzaría los 44 millones de pesos, decidieron desistirse al encontrar acomodo en la administración pública.

Misma situación vivió, por ejemplo, el ex consejero presidente del IEPC, Tomás Figueroa, quien no reclamó indemnización alguna y hoy es subsecretario de gobierno.

Pero a Juan Alcalá Dueñas, ubicado en un grupo político lejano al gobernador, no le quedó otra puerta por dónde salir que recurrir al amparo y reclamar un jugoso finiquito que le alivie del doloroso trance de estar alejado del erario.

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martinezmcarlos@hotmail.com