Sin pedir audiencia

La invasión de Colima

Debido a la histórica indefinición de límites con Colima, Jalisco sufrió una nueva afrenta el pasado 22 de julio cuando elementos policiacos del vecino estado ingresaron a la entidad para golpear y detener a un grupo de indígenas nahuas que reclamaban sus tierras.

La historia, extrañamente poco difundida, tiene que ver con el sospechoso proceso 142/23015-S3 abierto contra integrantes de la comunidad nahua de Ayotitlán, por los presuntos delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones.

En su ancestral disputa con la minera Benito Juárez que explota la mina Peña Colorada, los ejidatarios interpusieron distintos recursos legales para conseguir que les reconocieran sus derechos sobre mil 200 hectáreas en posesión del consorcio.

Derivado de lo anterior en el juicio de amparo 462/2013, el juzgado cuarto en materia administrativa otorgó la suspensión que dejaba sin efecto la concesión de la mina, el agua, permiso ambiental y restituía el libre tránsito para la comunidad nahua.

Sin embargo, el pasado 22 de julio luego de un acuerdo de asamblea, decenas de indígenas nahuas de Ayotitlán acudieron a las instalaciones de la empresa para exigir el cumplimiento de la suspensión otorgada por el juez y que, entre otras cosas, impedía que continuara la operación de la misma.

La protesta terminó de forma violenta. Varias unidades de la policía investigadora de Colima en una operación ordenada por el propio procurador de Justicia, Marcos Santana Montes, acudieron a los terrenos de la compañía ubicados en Jalisco y arremetieron violentamente contra los ejidatarios deteniendo a 34 y al abogado de estos.

Los acusan, entre otras cosas, de secuestro consumado porque durante la manifestación de los indígenas supuestamente tres directivos de la minera fueron retenidos en las instalaciones.

Entre las “pruebas” exhibidas por el procurador, figura un depósito bancario por más de 14 millones de pesos de la empresa al ejido que según las autoridades colimenses eran parte del “rescate” por la liberación de los empleados.

El referido pago, no es otro más que el cumplimiento de un convenio de renta y ocupación temporal de 800 hectáreas por parte de la mina y que fue celebrado en 2012, pero que ahora fue exhibido como una burda maniobra de presión para los ejidatarios de Ayotitlán.

Los abogados que llevan la defensa del caso solicitaron una ampliación del término que se vence el próximo jueves para que el juez resuelva si les dicta formal prisión o los libera por falta de elementos.

Curiosamente, entre las acusaciones, destaca el delito de “despojo” de mil 200 hectáreas que son motivo de disputa y que forman parte de la dotación de 50 mil hectáreas del ejido y, por si fuera poco, están amparadas en una suspensión que le otorgaba a los nahuas “libre tránsito” por sus propias tierras.

La invasión de policías colimenses, es también un atentado a la soberanía de Jalisco cuyas autoridades históricamente han sido muy tibias en exigir respeto ante la indefinición de límites.

Lo hicieron presentando una controversia constitucional en 1998 que viaja del Senado a la Corte y viceversa sin solución; pero posteriormente no han hecho nada para defender el territorio jalisciense.

El caso de los nahuas detenidos en Colima por un proceso de burla, amerita la intervención enérgica del gobierno estatal por la invasión realizada y en apoyo a su comunidad indígena.

No vaya a ser que se repita la historia de abandono de 33 jaliscienses detenidos desde hace dos años en Querétaro acusados de homicidio. Según la causa, los 33 dispararon la pistola de donde salió la bala para matar a un queretano.


(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).

martinezmcarlos@hotmail.com