Sin pedir audiencia

Sin ahorrar polémica

En vigor desde el primer día del 2015, la nueva Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y sus Municipios, ha pasado “de noche” prácticamente para casi todos aquellos sujetos obligados que tendrán que padecer sus consecuencias.

Concebida para atajar los manejos discrecionales y dispendios con cargo al erario, la ley establece que los sujetos obligados serán todos aquellos que reciben fondos públicos y coloca en la misma bolsa a los poderes, los municipios y los organismos públicos autónomos.

Aunque el debate no ha subido de tono, el Poder Judicial ya argumentó que estamos ante un caso de abierta invasión de poderes, por lo que ya interpuso el recurso de una controversia constitucional.

La piedra angular de la polémica, se centra en la figura de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del gobierno estatal, que haría las veces de un ente regulador del Poder Judicial, del Legislativo, municipios y organismos autónomos, para efectos de disponer de los recursos derivados de políticas de austeridad y ahorro.

De hecho, los llamados “sujetos obligados” como los marca la ley, tendrían que someter a la SEPAF anteproyectos de presupuestos de egresos que contengan informes de austeridad y el monto ahorrado durante el ejercicio para poder elaborar el paquete del siguiente año.

Los ahorros tendrían que orientarse a inversión pública y no a gastos operativos, servicios personales o deuda.

En materia de servicios personales, la ley establece la prohibición de secretarios privados y deja solamente esta figura para el caso de los titulares de los poderes, cabezas de dependencias, presidentes municipales y organismos autónomos.

Limita al 0.3 por ciento la inversión en publicidad, el 0.1 por ciento para asesores, impone tabuladores para servicios de telefonía, viáticos, prohíbe compra de vehículos nuevos con algunas salvedades, marca lo que puede gastarse por día en hoteles y alimentos.

En caso de que los sujetos obligados incumplan con estas medidas, la SEPAF “sancionará” a los que fallen con reducciones en sus asignaciones presupuestales. En contrapartida, cuando apliquen programas de ahorro exitosos, recibirían capacitación, becas y estímulos por la citada dependencia.

La prominente actuación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, es uno de los elementos impugnados por el Poder Judicial al considerar que se violenta la Constitución de Jalisco al no cumplirse la separación de poderes que señala la igualdad entre pares.

También el Consejo Económico y Social de Jalisco, a través de sus representantes, advierte de las irregularidades contenidas en la ley. Aunque reconoce la importancia de la austeridad en el gasto público, señala que las nuevas disposiciones no hacen distinción de la naturaleza de los sujetos obligados, pues no pueden ser medidos bajo los mismos criterios.

Advierte de la violación a la autonomía de municipios y organismos autónomos para ejercer su patrimonio y anuncia que en breve recomendará modificaciones a la recién aprobada ley.

A este reclamo se suma también la Universidad de Guadalajara, quien analiza interponer algún recurso legal porque considera que la Ley de Austeridad ignora la autonomía universitaria.

Aunque el artículo transitorio establece 180 días naturales para que los “sujetos obligados” generen una serie de lineamientos de austeridad, es probable que antes del plazo fijado la polémica ley tenga que sufrir sus primeros ajustes.

Un argumento contundente sobre la Ley de Austeridad, lo ejemplifica el secretario del Cesjal, Óscar Ábrego, cuando advierte:

“Los recursos públicos no son para ahorrarse, sino para ejercerse con eficiencia”.

(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com )

martinezmcarlos@hotmail.com