Sin pedir audiencia

Urbanizar y delinquir

De las recientes reformas al Código Urbano publicadas el jueves cinco de noviembre de 2015 en **El Periódico Oficial el Estado de Jalisco, las que provocaron mayor malestar entre los desarrolladores de vivienda son en realidad las que abarcan al Código Penal de Jalisco.

Se incluyen ahora en el Código delitos en materia de desarrollo urbano que podrían alcanzar a propietarios de inmuebles, promotores, desarrolladores y constructores.

El artículo 253 Ter. señala que se impondrán de dos a cuatro años de prisión a los propietarios de inmuebles, promotores, representantes legales y constructores que de manera dolosa lleven a cabo acciones de urbanización, construcción o edificación, cuya autorización al momento de su ejecución viole la zonificación primaria o índice de edificación, contenida en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano.

Todo particular debe someter su proyecto a la aprobación de la autoridad, pero según el artículo anterior, habría sanción penal para quien ejecute una “autorización” de una instancia de gobierno.

Quiere decir que el dueño de un inmueble puede urbanizar sin solicitar la respectiva autorización y en este caso ameritaría una sanción administrativa, pero no se convertiría en “delito” porque no cuenta con la “autorización”.

Juristas consultados refieren además que en el derecho penal debe estar perfectamente tipificado el delito para cumplir con el principio de taxatividad que establece que la ley debe ser precisa y no admite remitirse a otra.

En el caso de la citada reforma, se pretende acreditar la comisión de un delito por violar un indicativo contemplado en el Código Urbano, en este caso el Índice de edificación, que es una medida que sirve para conocer cuántas unidades privativas pueden ser edificadas dentro de un mismo predio o lote en las zonas habitacionales.

El otro artículo a debatir es el 253 Quáter que impone sanciones de dos a cuatro años de prisión al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que de manera dolosa autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva sin apego a la licencia, autorización o permiso otorgado por la autoridad competente. 

La misma sanción se impondrá al propietario donde se desarrolla la construcción, a su representante legal y al constructor, que teniendo conocimiento de la ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente.

Este artículo obliga al dueño de un predio a presentar una denuncia contra quien ejecuta la obra o de lo contrario iría a la cárcel. ¿Y si el propietario carece de conocimientos técnicos para saber si hay tal violación?

Otro artículo a debatir es el 400 del Código Urbano que acota los evidentes excesos cometidos por el Tribunal Administrativo del Estado, quien por encima de disposiciones municipales autorizaba cambios de usos de suelo y planes de desarrollo urbano y que ahora podrá recurrirse al tribunal después de seis años del proyecto.

Sin embargo, en los agregados, los legisladores omitieron modificar las competencias del tribunal que a la letra puede intervenir “en las controversias entre las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal y de las administraciones municipales, respecto a la aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano”.

El artículo no se refiere a los particulares, quienes podrían entonces seguir presentando recursos ante el citado tribunal sin restricción alguna…

Nadie pone en duda el espíritu de los diputados de poner orden en el tema del desarrollo urbano, pero es evidente que a las reformas al Código Urbano, les urgen nuevas reformas.

 

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martinezmcarlos@hotmail.com