Sin pedir audiencia

Tentáculos estatales

En la aprobación del incremento a la tarifa del transporte público realizada la medianoche del viernes 20 de diciembre pasado, el gobierno estatal jugó un papel desigual con el resto de los interesados.

Aunque hasta ahora la atención parece centrarse en el invisible “pulpo camionero” encarnado por la Alianza de Camioneros y las miles de unidades subrogadas, en realidad las empresas camioneras estatales también resultaron beneficiadas pese a que arrastran una deuda global de más de mil millones de pesos.

Históricamente la participación de los recursos públicos inyectados en el negocio del transporte público ha ido dando tumbos. Desde la compra de Servicios y Transportes en 1967, la creación del Sistecozome en 1976, la construcción de las costosas líneas 1 y 2 del Tren Eléctrico Urbano, hasta la inversión de mil millones de pesos para acondicionar suelos y construir estaciones para el Macrobús, un negocio de particulares.

Pero dos botones de muestra de la fallida intervención estatal en esta actividad lo representan Servicios y Transportes y el Sistecozome.

La primera de las empresas fundada en 1964 por camioneros integrados en una Unión de Permisionarios, fue adquirida por el gobierno estatal en 1967 primero al comprar el 60 por ciento de las acciones y luego la totalidad.

Desde entonces, difícilmente la administración ha podido mantener números negros en su operación. Uno de los episodios más oscuros de Servicios y Transportes sucedió con un contrato de arrendamiento de 200 unidades DINA.

El elevado costo del arrendamiento, el pésimo mantenimiento a las unidades y la corrupción imperante que toleraba la rapiña de piezas y refacciones de los camiones, pronto dieron al traste con el servicio.

El gobierno estatal entra al “rescate” y otorga un préstamo a la empresa para que compre los vehículos arrendados pese a que estaban convertidos en chatarras. Los recursos superaban los 400 millones de pesos y a la fecha por intereses y recargos se volvieron una deuda de unos 700 millones de pesos.

En total, la paraestatal debe más de 800 millones de pesos tanto a Finanzas como a proveedores diversos.

Otro ejemplo del manejo discrecional de recursos y la pésima administración de la empresa camionera, ocurrió durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña. En medio de la severa crisis donde no había dinero para cubrir ni la nómina, se dio una operación triangulada de ocho millones de pesos entre Finanzas, la empresa y un proveedor muy cercano al entonces mandatario.

La próxima semana: Sistecozome, la puerta que Flavio abrió

 

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martinezmcarlos@hotmail.com