Sin pedir audiencia

Sólo por enriquecimiento

Mientras era esposado, Luis Octavio Pérez Pozos gritaba ante los medios de comunicación que él era inocente del caso López Castro, que lo llevaban detenido por “enriquecimiento ilícito”, pero que los verdaderos culpables del intento de fraude al Congreso eran los ex diputados.

Sin embargo, la orden librada por un juez por el citado delito, en realidad se desprende de la misma denuncia interpuesta por Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica, por el escandaloso tema del despacho que pretendió cobrar 58 millones de pesos al poder legislativo.

Aunque Pérez Pozos alegue ignorancia del asunto, él contribuyó de manera directa al enredo.

Hace más de dos años en varias entregas, me referí al expediente López Castro y denuncié numerosas inconsistencias que finalmente brotaron y derivaron en la anulación del millonario cobro.

Por ejemplo, advertí del contrato “leonino” que obligaba al congreso a pagar al menos 42 millones de pesos a Consultores López Castro y Compañía, S. A. de C. V., por supuesta recuperación de impuestos sobre productos del trabajo entregados en demasía a las autoridades hacendarias. La cláusula establecía que el pago se realizaría tan sólo por el cálculo y no necesariamente por el dinero recuperado.

El contrato establecía la revisión de los impuestos entregados en 2006, 2007, 2008 y 2009. No obstante, las autoridades del SAT, comunicaron que no existía registro de devolución alguna para el Congreso del estado.

No solamente eso, en la actual legislatura, se consiguió un acuerdo para eximirlos de pagar impuestos del 2007, 2008 y 2009. ¿Si no se habían pagado cómo se contrató un despacho para recuperar supuestos pagos en excesos?

En mi columna, “Convenio del congreso o soga al cuello” escrita en 2012, denuncié como en un oficio de fecha 27 de enero de 2010, el entonces secretario general Luis Octavio Pérez Pozos, reconocía el trabajo a López Castro y el adeudo de 42 millones 386 mil pesos en las facturas 711, 723, 742, 749 y 755, si bien señala que pagaron la 701 por 575 mil pesos por concepto de anticipo.

Al incumplir el pago, López Castro presenta una demanda mercantil (242/2010-2) para reclamar el pago de 42 millones 386 mil pesos.

Pese a que el Congreso interpuso el 18 de agosto de 2010 el juicio de lesividad 1-212/2010 donde pretendía anular el acuerdo de la comisión de administración, el contrato y reclamaba la devolución del anticipo, extrañamente cambiaron de parecer.

El 22 de marzo de 2011, la mesa directiva y la comisión de administración, firmaron ante el juzgado un convenio de aceptación de la deuda para “evitar una mayor afectación” y acordaron pagar 58 millones de pesos en parcialidades, lo cual tampoco cumplieron.

Para entonces, por suerte principal, intereses, honorarios y gastos y costas, el despacho reclamaba 83 millones 428 mil pesos, pero accedió reducir el 40 por ciento del monto reclamado.

Entre los principales aspectos que los diputados de la 59 legislatura argumentaron en su momento para aceptar “allanarse” en el juicio y terminar aceptando el pago, figura el citado oficio enviado por Pérez Pozos a López Castro donde reconoce que el trabajo está “terminado y cumplido” y señala que en representación del Congreso “acepto y reconozco dicho pago” para solicitar después “comprensión” a la empresa y pedirles que esperen a que llegue la partida presupuestal para realizar el pago en forma inmediata.

El documento, que fue oro molido para el despacho que lo presentó como prueba del monto reclamado, fue entregado por quien hoy alega inocencia y se considera un “chivo expiatorio” en esta película que antes era de drama y hoy se vuelve de terror.

Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com

martinezmcarlos@hotmail.com